Calvià es uno de los 18 municipios de España que todavía no ha iniciado los trámites para tener zonas de bajas emisiones, pese a estar obligada por la Ley del Cambio Climático desde el pasado 1 de enero. Así lo refleja el nuevo mapa interactivo de Zonas de bajas emisiones (ZBE) en España que ha puesto en marcha el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y que permite a los ciudadanos conocer en qué situación está cada área (vigente, en trámite o pendiente, es decir, sin comenzar), así como las características de cada una de ellas, desde el tamaño, la ubicación, y el calendario de aplicación a las restricciones y posibles excepciones.
Nueve meses después de la entrada en vigor de la Ley de cambio climàtico, tan solo 14 de las 151 ciudades españolas de más de 50.000 habitantes cuentan con una ZBE, aunque 120 urbes están ya en trámites, entre ellas Palma i Evissa, las otras dos ciudades de Baleares obligadas por ley a establecer ZBE.
Desde el Ajuntament de Calvià explican que el nuevo equipo de gobierno no ha tenido todavía tiempo de estudiar la implantación de la zona de bajas emisiones. Reconocen que el proyecto del anterior equipo de gobierno era implantarla en Magaluf a lo largo de este 2023 en base al nuevo Plan de Movilidad Urbana Sostenible e Inteligente de Calvià (PMUSI). No obstante, destacan que aunque el municipio supera los 50.000 habitantes, «tiene unas características especiales al ser muy disperso y tener muchos núcleos de población. De hecho, el núcleo más poblado es Santa Ponça y no supera los 13.000 habitantes. Al no ser un municipio compacto, no tiene una gran densidad de población y de vehículos en un mismo espacio que justifique una zona de bajas emisiones».
El Ministerio de Transportes ya ha empezado a fiscalizar todas las actuaciones municipales subvencionadas con cargos a los fondos europeos Next Generation y los ayuntamientos incumplidores con la normativa se exponen a la retirada de los fondos. A finales de 2022, la vicepresidenta tercera y ministra de Transición ecológica, Teresa Ribera, ahora en funciones, descartó conceder la prórroga que pedían los alcaldes de las ciudades más pobladas para crear "antes de 2023" zonas de bajas emisiones (ZBE). Sin embargo, ante el incumplimiento generalizado de esta medida por la mayor parte de las ciudades afectadas, optó en su día por una actitud conciliadora y anunció que el ministerio estudiaría «caso por caso» los motivos del retraso.