«Si las camas elevables no se mantienen y la carga no se regula, habrá movilizaciones». Las kellys de Baleares ya han anunciado que no están dispuestas a consentir ninguna alteración de la normativa laboral aprobada por el anterior Govern que suponga un retroceso para sus derechos y un perjuicio para su salud. Las declaraciones vertidas el pasado martes desde el sector hotelero, apuntando a la posibilidad de que la implantación de las camas elevables deje de ser obligatoria, han encendido las alarmas en el colectivo de las camareras de pisos, dispuesto a ir a la guerra si la ley se modifica.
La Unión Balear de Kellys se ha pronunciado a través de sus redes sociales, donde se quejan de que «estamos reventadas de trabajar, haciendo cada temporada más ricos a los empresarios ¿Y ahora quieren pasarse la ley por donde les da la gana?». La mecha se prendió el pasado martes, en el encuentro que los nuevos responsables de Turismo en el Govern y el Consell de Mallorca, Jaume Bauzá y José Marcial Rodríguez, respectivamente, se reunieron con las patronales hoteleras. La presidenta de la Agrupación de Cadenas Hoteleras de Baleares, Carolina Quetglas, declaró en la reunión que las camas elevables no debían ser una medida «obligatoria» y que «no hay que imponerla». Bauzá, por su parte, no aclaró nada sobre la posibilidad de cambiar la normativa y se limitó a señalar que la pretensión de las administraciones públicas es ir de la mano del sector hotelero.
Sara del Mar García, presidenta de la Unión Balear de Kellys, señala que las camas elevables «ya no son mobiliario, sino una herramienta de trabajo para nosotras». En ese sentido, asegura que desde su instalación en algunos hoteles, compañeras que ya trabajan con este tipo de camas han notado sus beneficios. «Se ha notado mucho en el esfuerzo físico que tienen que hacer, sobre todo entre algunas compañeras que antes sufrían de lumbalgia».
Asimismo, critica que «no se entiende que ahora digan que no quieren las camas cuando es algo que pactaron ellos mismo con el Govern». El primer paso del colectivo, señala, será solicitar una reunión con los nuevos responsables políticos para preguntarles directamente cuáles son sus intenciones en torno a esta cuestión. Si la respuesta no es satisfactoria, avisa Del Mar, «haremos lo que tengamos que hacer».
El sindicato UGT ya ha confirmado que va a secundar a las camareras de pisos en cualquier movimiento derivado de una modificación de la ley. José García Relucio, secretario general de la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo de UGT (FeSMC-UGT) en Baleares, tilda de «vergüenza» las declaraciones de Quetglas en este sentido, ya que, coincide con Del Mar, «es algo que acordaron con el Govern los propios hoteleros».
Asimismo, señala que la normativa contempla plazos de uno a seis años para la instalación de las camas, permitiendo un margen mayor a aquellos establecimientos que justo acababan de cambiar las suyas. «Es una ley muy permisiva, no pueden quejarse». García Relucio afirma que desde el sindicato «vamos a estar al lado de las camareras de pisos reclamando que se cumpla la ley» y avisa de que «si hay que ir a la huelga se irá a la huelga».
Las camas elevables vuelven ahora a la primera línea de la actualidad después de la polémica suscitada en campaña el pasado marzo con las declaraciones de la hoy presidenta del Govern, Marga Prohens. La entonces candidata del PP declaró en un debate televisivo que la medida era «la mayor tontería que hemos oído en política turística en los últimos tiempos». Una afirmación que suscitó las críticas del sector y de las organizaciones sindicales, además de las de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, quien alabó la normativa balear y destacó los beneficios que tenía para la salud de las trabajadoras.