Catalina y Jordi, de 70 y 74 años, no pueden dormir por las noches y están nerviosos. La pareja a la que le alquilaban su piso, en el barrio de Pere Garau, dejó de pagarles durante más de un año. Nos situamos en 2022. Tras interponer una demanda, el 26 junio de 2023 se procedió al desahucio. Todo parecía haber acabado, hasta que al día siguiente, el 27, estos inquilinos volvieron a okupar la vivienda. «Mira qué jubilación nos han dado», lamentan, desesperados, estos propietarios, y aseguran que a fecha de hoy, a pesar de volver a denunciar la situación, no tienen respuesta de los juzgados. «Nos planteamos buscar otras alternativa, como llamar a la empresa Desokupa. Mi marido está de los nervios, esto nos ha quitado calidad de vida», advierte Catalina.
Este matrimonio es propietario de dos pisos de un mismo edificio, muy cerca del Mercat de Pere Garau. Compraron los inmuebles en 2013 y no han tenido muy buena suerte: los inquilinos que han pasado por sus dos viviendas han dejaban de pagar el importe en algún momento del contrato.
Los propietarios mallorquines, a pesar de todo, aseguran que «siempre hemos sido comprensivos», y aseguran que jamás habían tenido un problema de okupación: «Al final los que no pagaban, se iban». Esta última pareja okupa ya habían sido inquilina del inmueble de Catalina y Jordi en 2017. «Estuvieron dos años y en ese tiempo pagaban cada mes, no teníamos problemas con ellos e incluso teníamos buena relación». Comenta que se fueron a Alemania un tiempo, hasta que a finales de 2020 les volvieron a alquilar la vivienda.
Regreso al piso
«Cuando dejaron de pagar, nos ponían excusas como que ella estaba con tratamiento oncológico, luego que iba a dar a luz, después que su novio la había abandonado». Catalina explica que antes de interponer la primera denuncia, la pareja okupa había firmado un reconocimiento de deuda, comprometiéndose a pagar los más de 7.000 euros que debían.
Pasado un tiempo, como no liquidaron el adeudo, acudieron a los juzgados. Tras ejecutarse el lanzamiento el pasado 26 de junio, el matrimonio accedió a su piso, ya recuperado, y pudo comprobar que «pobres no eran. Todo era de lujo». Catalina muestra durante la entrevista las fotos del interior del piso.
Ese día, el matrimonio cambió la cerradura y se quedaron a dormir. A la mañana siguiente, salieron porque ambos tienen una pequeña papelería y tenían que abrir. Al regresar, la pareja recién desahuciada había roto la cerradura y vuelto a okupar la vivienda. «No pudimos entrar. Llamamos a la policía y ella se identificó, pero el agente nos dijo que al haber un menor no podían hacer nada». Por la mañana, y sin dormir, fueron a interponer otra denuncia. No habían pasado ni 48 horas, por lo que se acogían al proceso judicial de desahucio express. «No imaginábamos que pudieran okupar de nuevo el piso, no nos dio tiempo ni a instalar la alarma de seguridad», lamenta Jordi.
«Nos consideramos muy buenas personas, y si una persona no podía pagar un mes, pero al siguiente sí, no hemos puesto pegas. Compramos estos pisos para nuestra jubilación, y nunca nos hemos aprovechado de ningún inquilino ni del precio». Esperan pronto solventar el problema.