La magistrada Martina Mora, que instruye el ‘caso Puertos' ha unido para que sean juzgadas de manera conjunta las dos únicas piezas sobre las que ha levantado el secreto: la que investiga el concurso para la gestión de puestos de amarres y taller en el muelle de poniente de Maó y el de la explotación del náutico de Eivissa. La jueza considera necesario que sean juzgadas de manera conjunta al tratarse de asuntos «conexos» y ante «los indicios de un mismo patrón de actuación o de modus operandi cuya verdadera significación y trascendencia para la causa solo puede obtenerse con una visión de conjunto».
En un auto pone de manifiesto que la decisión de dividir la macrocausa en piezas separadas tenía como sentido agilizar el levantamiento del secreto de actuaciones de las que estaban más avanzadas. La resolución indica que la más compleja de todas aún estaba en una «fase embrionaria» y que estas dos eran las más avanzadas. Ahora mismo, la magistrada da por finalizada en la práctica la instrucción de ambas piezas. En las dos faltarían sendas periciales informáticas, la entrega de una serie de documentos por parte de un testigo y un informe de la Intervención General del Estado sobre Menorca. Así pues, el inicio de fase intermedia y de los trámites previos al juicio sería inminente.
La magistrada señala también que ambos procedimientos tienen en común a los principales investigados: el expresidente de la Autoritat Portuària, Juan Gual de Torrella; el director, Juan Carlos Plaza; la abogada del Estado Dolores Ripoll y la «intervención decisiva de técnicos como Armando Parada y Fernando Berenguer. También ocurrieron en las mismas fechas y las decisiones se tomaron las mismas reuniones del consejo de Administración. Por último, cita el papel importante de cuatro testigos comunes para ambos procedimientos y la posibilidad de que los imputados se beneficien de unas penas más favorales con un juicio conjunto.
Mientras, la magistrada ha vuelto a prorrogar el «secreto total» del resto de actuaciones un mes más. Insiste en que es necesario terminar el análisis de la ingente cantidad de archivos informáticos que se incautaron en el registro de la Autoritat Portuària en julio de 2020 para esclarecer la causa y que, este análisis se demora ante la escasez de medios. Niega que se trate de una «investigación prospectiva». El auto de prórroga ha sido recurrido de nuevo por la defensa de Joan Gual que considera una vulneración de derechos fundamentales la extensión del secreto.