Hasta 55 licitaciones de obras públicas en Baleares por valor de 47 millones de euros en han quedado desiertas en los seis meses que llevamos de año. Se trata de unas cifras que se sitúan en la línea de las registradas en 2022 e incluso ligeramente por encima y que ahondan en el problema del desajuste entre las valoraciones presupuestarias que se hacen desde la Administración pública y los costes materiales con los que lidian las constructoras.
Así, las licitaciones que quedaron desiertas el pasado año ascendieron a un total de 96, traducidas en un presupuesto global de 90 millones de euros. El sector de la construcción se estuvo quejando de lo que a su juicio eran unos presupuestos fuera de la realidad, dado que el encarecimiento energético y sobre todo de los materiales provocado por la guerra de Ucrania disparaba hasta un 30 % el coste real de los proyectos.
El ejercicio en curso, en el que se está consolidando una relajación de la inflación energética, no ha supuesto sin embargo ningún cambio en la dinámica de las licitaciones públicas. «Continuamos con la tendencia de las licitaciones desiertas del año pasado y se sigue debiendo a que no se actualiza los proyectos públicos, que salen con un precio inferior a su precio real de mercado», señala la gerente de la Asociación de Constructores de Baleares, Sandra Verger.
Ante esta situación, Verger demanda «responsabilidad» a las administraciones públicas, a las que reclama que contesten a los requerimientos de las empresas del sector y de sus representantes patronales y «vuelvan a valorar los proyectos actualizando sus precios y ajustándolos a los precios reales de mercado».
Parte importante de la queja de los constructores se centra en la falta de respuesta por parte de ayuntamientos y resto de organismos públicos licitadores (prácticamente solo salvan de la quema al Institut Balear de l'Habitatge). «La mayoría sigue sin contestar y muchas empresas ya llevan acumuladas muchas pérdidas de proyectos de años anteriores que no se han visto compensados», lamenta Verger para añadir que se trata «de un perjuicio contra los ciudadanos: son obras y proyectos sociales que la gente necesita 17». Asimimos, se refiere al riesgo añadido que esta situación implica, que no es otro que la pérdida de los fondos europeos recibidos para realizar estas actuaciones.
El Govern anunció en noviembre del pasado años que se aplicarían mecanismo compensatorios de los sobrecostes materiales que tratarían de ajustar «parcialmente» los presupuestos. Un mecanismo que reclamaban tanto constructoras como ayuntamientos, que reivindican «un marco jurídico claro» para poder revisar los precios de los contratos. No obstante, la Confederación Nacional de la Construcción (CNC) ha señalado que estas iniciativas, desplegadas por todo el Estado, no han tenido los efectos deseados al no ser «suficiente».
Así, la CNC ha tildado de insuficientes los esfuerzos de Gobierno y administraciones autonómicas por aliviar los sobrecostes de las obras públicas. Por ello, apremia a materializar un nuevo real decreto ley «más ambicioso y libre de condicionantes» que resulte más efectivo y «que no discrimine a la práctica totalidad de las obras».