Baleares es una de las comunidades en las que se ha tirado de médicos recién graduados que todavía no han cursado el MIR para ocupar una consulta vacía en los centros de salud. Así lo reconocen desde la Administración pública tras una denuncia de la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria (SEMFyC) en la que advierten que esta práctica es extensiva en todo el Estado y se está realizando para suplir las vacaciones de verano del personal.
Fuentes del IB-Salut reconocen que durante la COVID se hicieron contratos a Médicos Internos residentes (MIR) que, sin haber aprobado, querían volver a presentarse para mejorar nota y acceder a la especialidad. Y, pese a explicar que no había intención de realizar este tipo de contratos para las suplencias de este verano, sí admiten que en estos momentos puede haber algún médico recién graduado, trabajando sin su especialidad, ahora mismo en Atención Primaria.
Así lo confirma la doctora Lucía Gorreto, presidenta de la sociedad en Baleares que explica que «se contrata como sustituciones o sustituciones largas. No se les da una interinidad pero alguno lleva ya meses cubriendo una plaza», señala.
Como denuncia SEMFyC, estos hechos suponen una «flagrante ilegalidad» que incumplirían, como mínimo, dos reales decretos, así como la normativa del Consejo de las Comunidades Europeas que establece la necesidad de dicha formación específica para el ejercicio de médico general en los regímenes públicos de Seguridad Social de los distintos Estados miembros.
Esta práctica irregular no sólo se está llevando a cabo en Baleares; según la sociedad científica han sido varias las comunidades que han justificado estas contrataciones por la falta crónica de personal facultativo en especialidades como la Familiar y Comunitaria.
SEMFyC acusa a las administraciones como el IB-Salut de «menospreciar» al conjunto de especialistas vía MIR «a los que cabría ofertar contratos de calidad, con condiciones laborales dignas, sin precariedad». Además, lo tildan de «desprestigio» hacia esta disciplina pues «ninguna administración pública tendría la veleidad de contratar a personas recién egresadas para el desempeño de actividades clínicas en el entorno hospitalario».
Por último, recuerdan que esta práctica «supone un riesgo en la seguridad del conjunto de pacientes», pues el proceso de adquisición de las competencias es incompleto y se abre la puerta a posibles errores clínicos.