Plataforma per la Llengua pide formalmente comparecer ante el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) en el procedimiento iniciado por el recurso que ha presentado la plataforma Escuela de Todos Baleares para dejar de priorizar el catalán en los enunciados de selectividad. En un comunicado emitido este viernes, la Plataforma per la Llengua ha informado que quiere personarse para «defender la selectividad en la lengua propia del territorio» y ha lamentado que la comisión organizadora de las pruebas, integrada por la UIB y la Conselleria de Educación, haya «cedido a las exigencias de Escuela de Todos y haya optado para ofrecer los enunciados directamente también en castellano».
Así, el escrito presentado por Plataforma per la Llengua solicita al TSJIB que desestime la demanda, porque, han asegurado, «según la misma jurisprudencia del Tribunal Constitucional, el uso normal del catalán por parte de la administración y el carácter vehicular del catalán en la educación son medidas válidas para compensar la situación de predominio del castellano en la investigación y la publicación editorial universitaria y para dar prestigio a la lengua catalana». Además, el escrito forma parte de una estrategia de la ONG del catalán para «responder judicialmente a las demandas que se presentan en los diferentes territorios para que el castellano gane peso en la selectividad».
Plataforma per la Llengua ha destacado que las pruebas de acceso en la universidad son «la continuidad de un sistema educativo que tiene el catalán como lengua vehicular y, por lo tanto, tendrían que evaluar no solo la adquisición de conocimientos, sino también la capacidad de expresarlos en catalán». «No se trata de un mero trámite administrativo, sino de una prueba con la cual se tiene que demostrar que se han adquirido las competencias que permiten acceder en la universidad», han añadido.
Así, la entidad ha considerado «muy preocupante» que la comisión organizadora de las pruebas haya optado para facilitar los exámenes también en castellano. Además, han asegurado que «se trata de una decisión que crea un precedente peligroso que se ha tomado cuando ni siquiera se habían dictado medidas cautelarísimas, solo por la petición de un grupúsculo que el tribunal todavía no ha decidido si tiene la legitimidad para pedirlas».