Lleva desde 2017 siendo el director técnico de la red EAPN contra la inclusión social en Baleares. Andreu Grimalt (Palma, 1979) desgrana las claves del último Informe sobre el Estado de la Pobreza referido a 2022, presentado recientemente por comunidades.
Baja la tasa de pobreza en Baleares en plena inflación, ¿es una buena noticia?
— Sí, porque se rompe una tendencia. Es verdad que con la crisis COVID se disparó en general y aquí más porque dependemos de los ingresos del turismo. La inflación se nota en los escasos indicadores que suben como son los retrasos en el pago de cuotas hipotecarias o del alquiler o no poder comer proteínas cada dos días...
¿Cuál es la lectura?
— Que los efectos de la inflación han afectado a este porcentaje mayor de población. Se considera que hay riesgo de pobreza cuando vive en un hogar con los ingresos inferiores al 60 % de la media. Puedes escapar de este umbral pero que la inflación te afecte.
¿Estos datos serían circunstanciales hasta que baje la inflación?
— Sí, si baja la inflación y se mantienen los ingresos, los indicadores descienden. Sin embargo también debe bajar el precio de la vivienda.
¿Está a favor de las políticas de ayudas de los gobiernos?
— Cualquiera orientada a minimizar el impacto de la crisis, bienvenida sea. No estamos tan de acuerdo con las medidas universales, como la de llenar el depósito, ya que no era progresiva, afectaba a todo el mundo por igual.
El 40 % de la población estaría en el umbral de la pobreza si no hubiera transferencias públicas.
— Se refiere a todas, pensiones incluidas. Pero sin ellas, la pobreza severa se triplicaría a nivel autonómico. Hablamos del Ingreso Mínimo Vital, la Renda Social Garantizada, los ERTES que funcionaron como un gran escudo social durante la pandemia...
¿Se ha afrontado de una forma diferente la actual crisis, en comparación con la de 2008?
— Entonces se apostó por una austeridad malentendida, con recortes de inversiones y servicios públicos, y contención del déficit. Ahora, Europa, España y Balears han visto que no eran medidas adecuadas. Si se hubieran aplicado las mismas que en 2008 estaríamos en un escenario postapocalíptico.
¿Todavía hay colas en los comedores sociales como se vieron hace dos años?
— La demanda de ayudas por alimentación o pago de alquiler crece cuando acaba la temporada, pero también hay personas que están fuera del circuito. Durante la COVID vimos muchas familias normalizadas que se dirigieron a las administraciones públicas, entidades sociales e incluso a las colas del hambre. Quiero aclarar que nosotros estamos en contra de dar alimentos de esta manera, apostamos por normalizar el dar ayudas con una tarjeta con la que ir a comprar al supermercado cada cierto tiempo y así evitar la estigmatización. En pocos años las ayudas para la compra de alimentos desaparecerán. Tiene que ver con una forma de entender la lucha contra la pobreza y la exclusión.
¿El ser una comunidad turística repercute en los servicios sociales?
— Sí, por la temporalidad y porque somos muy dependientes del exterior, sobre todo porque el prometido cambio de modelo que no termina de llegar.
Ahora mismo tener trabajo no significa tener recursos para una vida digna.
— El trabajo ha perdido el factor inclusivo en los últimos años. Antes, hace 15 o 20, era garantía de escapar del riesgo de pobreza y de poder desarrollar un proyecto de vida. Esto se ha perdido. El año pasado había un 15 % de trabajadores pobres en Balears, personas con empleo remunerado pero que no superan el umbral de la pobreza. Esto deshace el mantra de que la mejor política social es un trabajo.
¿Hay una gran brecha salarial en Baleares?
— Sí, la desigualdad es creciente. Hay un porcentaje no muy grande que es rico o ultra rico y las clases medias que se difuminan y van para abajo. Está muy relacionado con la precariedad, la temporalidad y el incremento de los precios. La vivienda es ahora mismo la principal palanca de exclusión social.
Parece que la gente está peor, ¿es la clase media que baja?
— Claro. De hecho de las últimas medidas tomadas, algo positivo es que se ha ampliado el umbral de la renta para acceder a determinadas ayudas. La clase media que estaba, entre comillas, abandonada y ahora está recibiendo ayudas. Una familia que compró hace años una casa con hipoteca variable ha visto ahora mismo cómo le sube en 200 o 400 euros que era el margen que tenían de ahorro, o de ocio.
¿Creen que el cambio del Govern puede retroceder en derechos sociales?
— Antes de las elecciones nos reunimos con todos los partidos políticos que quisieron (Vox fue el único que no) y les pedimos que no hubiera retrocesos en los derechos conseguidos. Todo el mundo lo tenía claro.
Pese a la reducción de la tasa de pobreza, se dijo que era insuficiente, ¿cuál es el objetivo?
— Lo que marca la Agenda 2023 es bajar la tasa a la mitad, poniendo como referencia el año 2015 que es cuando se alcanzaron máximos. Baleares iba bien hasta antes de la pandemia, en una línea descendiente encaminada a alcanzar el objetivo. El problema es que con la COVID dio un latigazo hacia arriba y ahora mismo estamos en un decalaje de unas 35.000 personas. Podríamos conseguirlo pero aún así estaríamos hablando de 150.000 personas en riesgo en todas las Islas, que sigue siendo mucha gente.