El presidente de la Autoritat Portuària de Balears (APB), Jaume Colom, informó en consejo de administración de la entidad celebrado esta semana, que se había solicitado un informe a la Abogacía del Estado con el fin de que estudie la competencia de proyectos al Moll Vell, en el que concurren Astilleros de Mallorca y Varadero Valencia, del grupo IPM.
Ambas empresas compiten por la adjudicación de 120.000 metros cuadrados ubicados en los muelles de comerciales (Moll Vell) del puerto de Palma para la reparación y mantenimiento de buques y yates. Varadero de Valencia forma parte del mismo grupo que Serveis Tècnics Portuaris (STP), empresa gestora de otros 150.000 metros de muelles y pantalanes colindantes con la nueva concesión.
Astilleros Mallorca, por su parte, ocupa 23.000 metros cuadrados en el Contramuelle Mollet, en las inmediaciones del RCN de Palma. Estas dos empresas finalizan la concesión del suelo que ocupan a finales de diciembre de 2027. La APB, con la sentencia del Tribunal Supremo que obligó en el Náutico de Eivissa a convocar un concurso público por haberse presentado dos ofertas a la competencia de proyectos, deja en manos de la Abogacía del Estado que decida si se sigue o no con la competencia de proyectos.
La diferencia entre la competencia de proyectos y el concurso público, es que con la primera opción el consejo de administración de la APB elige la mejor de las dos ofertas. En la segunda, la entidad portuaria elabora las bases y pliegos del concurso público a nivel europeo, al cual se pueden presentar empresas europeas de todos los países que realicen mantenimiento de embarcaciones. La Abogacía del Estado está al margen de cualquier proceso electoral, de ahí que las elecciones generales el 23 de julio, a priori, no tienen por qué mediatizar su decisión final.
‘Tasazo'
Las empresas de mantenimiento y reparación de embarcaciones en los puertos de interés general de Balears, por su parte, tendrán que resignarse a pagar a la APB el 1,5% de su facturación en concepto de tasas por el uso para su actividad de explanadas y pantalanes. El Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) desestimó una demanda presentada la Asociación de Empresas Náuticas de Balears (AENIB) y consideró que el conocido como ‘tasazo' del puerto se ajusta a la legalidad y no es contrario, como se alegaba, a la Ley de Unidad de Mercado. La medida afecta a los puertos de Palma, Maó, Eivissa, Alcúdia y La Savina.