El conseller de Memòria Democràtica, Juan Pedro Yllanes, y la consellera de Presidència, Mercedes Garrido, han explicado este miércoles que el Govern ha presentado una denuncia ante la Fiscalía de les Illes Balears por la existencia de indicios de posibles crímenes de lesa humanidad en el descubrimiento de restos humanos con signos de violencia en las fosas exhumadas en las Islas. Estos crímenes, en opinión del Govern, serían de naturaleza imprescriptible y efectos permanentes.
La iniciativa se ampara en las nuevas leyes autonómica y española de memoria democrática y en la creación, el pasado 25 de abril, de la nueva figura del fiscal estatal de Derechos Humanos y Memoria Democrática, al que debería llegar la denuncia presentada.
La Advocacia de la Comunitat Autònoma ya denunció en 2018 posibles crímenes contra la Humanidad por los hallazgos de restos humanos en las fosas de los cementerios de Sant Joan y Porreres. Estos crímenes se habrían producido entre agosto de 1936 y marzo de 1937. Sin embargo, la denuncia fue archivada por el fiscal superior de les Illes Balears al considerar que los hechos estaban prescritos y en virtud de la ley de amnistía de 1977.
Yllanes y Garrido han indicado que el escenario jurídico ha cambiado con las nuevas leyes autonómica y estatal de memoria democrática y que, en cualquier caso, la ley de amnistía de 1977 debe supeditarse e interpretarse conforme al Derecho internacional humanitario. Los análisis antropológicos han podido certificar la muerte violenta de al menos 196 víctimas entre las 301 que han podido ser recuperadas hasta ahora en las fosas de Baleares.
El conseller Yllanes señaló que «el objetivo no es determinar una responsabilidad penal, sino una resolución judicial que declare esos hechos como delitos de lesa humanidad, abriéndose también vías a la recuperación de bienes intervenidos y a la recuperación de la memoria de las víctimas».
Maria Antònia Oliver, de la Associació Memòria de Mallorca, hizo una valoración «muy positiva» de la iniciativa del Govern. «Como asociación, pusimos denuncias desde el principio, pero fueron archivadas. Ahora hay nuevas leyes y una nueva fiscalía que amparan a las víctimas. Lo que no era normal es que se practicaran las exhumaciones sin la presencia de un juez», declaró.