La cita previa dejará de ser obligatoria para poder acceder a los juzgados de Palma. La juez decana, Sonia Vidal, plasmará en unos días la decisión en un documento para devolver el acceso del público a las sedes judiciales al estado previo a la pandemia. Con las restricciones de acceso, la mayoría de administraciones públicas aplicaron la cita previa como un requisito imprescindible para poder acceder a los servicios.
La gran mayoría lo mantienen a pesar de las limitaciones que implica para el acceso del público. Los juzgados serán uno de los primeros organismos en suprimirlos. La Sala de Gobierno del TSJIB acordó la semana pasada el fin de la obligatoriedad de la cita para permitir entrar en cualquier sede. Seguía un acuerdo adoptado ya en Castilla - La Mancha para terminar con le medida provisional que se ha prolongado a lo largo de tres años. El mismo acuerdo encargaba a los jueces decanos ordenar el cómo se producirá a partir de ahora el acceso a los edificios.
La cita previa había provocado quejas y problemas en algunos órganos judiciales ante la dificultad, en ocasiones, para poder concertar citas telefónicos con los mismos, ante la falta de respuesta para quien llamaba. También dificultaba el acompañamiento a personas que acudían a un juicio o a una declaración en sede judicial.
En cualquier caso, aún se mantendrá la posibilidad de concertar citas para agilizar algunos de los servicios más empleados, en particular las dos oficinas del Registro Civil y el Juzgado de lo Penal 8 de Palma, encargado de las ejecuciones de sentencias. Son tres de las oficinas en las que la cita previa se podía solicitar directamente a través de internet, sin necesidad de contactar con el órgano judicial en concreto.