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La Asociación de Instalaciones Náutico Deportivas denuncia la «arbitrariedad» en las prórrogas de las concesiones

La entidad señala a la Autoridad Portuaria de Baleares, a la que tacha de interpretar la ley de forma «caprichosa»

Imagen de la manifestación promovida por el Real Club Náutico de Palma. | RCNP

| Palma |

Siguen las críticas hacia la Autoridad Portuaria de Baleares (APB) en relación a las prórrogas de las concesiones, un conflicto que sacó a la calle días atrás al sector náutico en una multitidinaria manifestación, y en el que ha querido dar su punto de vista a Asociación de Instalaciones Náutico Deportivas de Baleares (ANADE), asociada a la CAEB y que ha denunciado a través de un comunicado la «arbitrariedad» de la APB y su falta de criterio a la hora de aplicar la Ley de Puertos del Estado, agravando el malestar de un sector que quedó patente en la convocatoria de protesta realizada por el Real Club Náutico de Palma, uno de los afectados.

El foco se coloca en la normativa que permite activar las prórrogas o ampliaciones de plazo de las concesiones ubicadas en los cinco puertos considerados de interés general en Baleares: Palma, Alcudia, Maó, Ibiza y Formentera. Desde ANADE lamentan que «algunas decisiones contradictorias adoptadas, especialmente desde hace tres años, han puesto de manifiesto el errático rumbo de la APB en esta materia tan sensible». De la misma manera, añaden que la ausencia de un criterio claro y explicaciones por parte de la Autoridad Portuaria a la hora de aplicar la norma, no les permite entender por qué unas solicitudes de prórroga o ampliaciones de plazo se admiten, a la par que otras se rechazan, sin más explicaciones, lo que unido «al cambio de criterio de la APB, que está generando un gran malestar en el sector de los puertos deportivos», prosiguen desde la entidad.

Y son muy críticos desde ANADE hacia una APB a la que critican por parecer actuar «de una manera caprichosa, al interpretar una misma ley de diversas formas, sin que nadie sepa las razones», lo que a su juicio genera una peligrosa «inseguridad jurídica, beneficiando a unos concesionarios en detrimento de otros», añade el comunicado.

Pese a los criterios que fija la Ley de Puertos del Estado y la Marina Mercante, que desde 2011 permite prorrogar y ampliar las concesiones cumpliendo una serie de premisas, desde la Asociación de Instalaciones Náutico Deportivas de Baleares observa cómo «las decisiones de la APB no siguen ningún patrón ni atienden a la lógica. Dependiendo del momento, las solicitudes se aceptan o se rechazan», lamentando que este modelo de gestión genera incertidumbre entre los empresarios, que no saben «a qué atenerse, porque lo que hoy es blanco, mañana es negro y nadie sabe por qué», espetan desde ANADE.

La asociación no pretende juzgar las intenciones de la Autoridad Portuaria, aunque reclama que «la discrecionalidad de la administración tiene que responder a unas reglas, o haber sentado unos precedentes, pues de lo contrario, se transforma en pura arbitrariedad y da lugar a agravios intolerables y una falta de seguridad para tomar decisiones empresariales básicas», refleja ANADE, quien a la vez reclama al Govern, como cogestor de los puertos de interés general que apoye «unas políticas claras a favor de las prórrogas y ampliaciones del plazo de aplicación de lo que fija la Ley de Puertos del Estado en este campo».

Por último, apuntan la importancia de que los concesionarios y las empresas licitantes tengan «información precisa sobre el funcionamiento administrativo del espacio público portuario en el momento de preparar sus proyectos», reclamando a la APB «discrecionalidad en algo tan relevante como una prórroga, dando que afecta al plaza efectivo de la concesion y a la amortización de las inversiones realizadas», algo que, lamentan, «no ocurre actualmente en la APB».

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