La Direcció General de Comerç del Govern planteará al Consell de Mallorca y al Ajuntament de Palma la posibilidad de aprobar una moratoria técnica de seis meses para grandes superficies comerciales justo antes de las elecciones. Una medida que pretende asegurar el blindaje del territorio en base al modelo de comercio tradicional y de proximidad que defiende el Ejecutivo y que se impulsaría en el caso de que el Plan General de Palma, que se debe aprobar en los próximos días, no se considerara lo suficientemente restrictivo.
El departamento autonómico –adscrito a la Conselleria de Transició Energètica i Sectors Productius– tiene prevista una reunión a tres bandas con los dirigentes de Cort y del Consell inmediatamente después de la aprobación de la parte estructural del Plan General de Palma (quedaría todavía pendiente el Plan de Ordenación Detallada o POD, cuya aprobación se aplazó a la próxima legislatura).
La idea es revisar el plan de manera conjunta para analizar el impacto que puede tener y determinar si existen riesgos para la preservación del modelo territorial que se persigue. El Govern pretende así garantizar que no hay brechas normativas que amenacen ese modelo y, en caso de que sí las hubiera, acordar la moratoria y empezar a preparar (y eso ya en un escenario totalmente postelectoral) un marco normativo de carácter autonómico que pusiera el veto definitivo a la proliferación de grandes superficies.
Para el director general de Comerç, Miquel Piñol, se trata de una «revisión conjunta» que consideran necesaria para garantizar los objetivos de planeamiento reseñados y más después de la preocupación transmitida por parte de las patronales del pequeño comercio, Afedeco y Pimeco, a raíz de los 600.000 metros cuadrados de suelo en todo el municipio que contempla el plan para el desarrollo económico. «Pensamos que con tanta superficie igual nos hemos de sentar todos para replanificar el mapa comercial. Ese es nuestro plan y podría ser que hiciera falta la moratoria o que no», afirma Piñol para remarcar que, en cualquier caso, «no se hará nada de manera unilateral».
Por su parte, la regidora de Model de Ciutat en Palma, Neus Truyol, tiene claro que el Plan General que han estado cocinando en Cort durante dos legislaturas enteras difícilmente podría ser más restrictivo en relación a las grandes superficies comerciales. El objetivo, asegura, ha sido adaptar los criterios ya de por sí limitativos del Plan director sectorial de equipamientos comerciales (PECMa) del Consell de Mallorca e incluso «ir más allá».
«Hemos dicho por activa y por pasiva que nuestro objetivo es eliminar la posibilidad de nuevos grandes centros comerciales: hay que recordar que ya paramos el centro comercial de Ses Fontanelles», señala para explicar que los 600.000 metros cuadrados de suelo que el Plan General de Palma contempla como de uso terciario para el desarrollo de la actividad económica, solo un 30 % podrá ser utilizado para actividades comerciales. Asimismo, la mitad deberán ser establecimientos de planta baja. «El objetivo es generar economía urbana de barrio y alejada de espacios monofuncionales», señala Truyol para añadir que, precisamente, «se pretende fomentar que la actividad económica sea de proximidad y de pequeña escala».
Con todo, Truyol afirma que «naturalmente estamos abiertos a sentarnos con todo el mundo para ver si hay posibilidad de proteger todavía más nuestro territorio».