Con los condenados en libertad y las responsabilidades civiles pagadas, aún quedan facturas pendientes del ‘caso Nóos'. La Abogacía del Estado ha presentado un escrito en la Audiencia Provincial en el que reclama a Iñaki Urdangarin y Diego Torres las costas del procedimiento que tasa en 650.000 euros más IVA. En realidad, la cantidad que tendrían que pagar los dos condenados del caso por delito fiscal no es tan grande: la sentencia de la Audiencia y luego el Supremo establecieron su obligación en pagar a la representación procesal de Hacienda las costas, pero lo limitaron a 7/103 partes. Es decir, les correspondería pagar unos 30.000 euros a cada uno.
Esta ha sido el último escrito presentado en este sentido en la ejecución del caso. Hace unos años, la Abogacía de la Comunitat había cifrado sus costas en 540.000 euros. En este caso los condenados afectados son todos aquellos contra los que ejercía la acusación, lo que incluye, al expresident Jaume Matas y a todos los ex altos cargos del Govern que se conformaron en el juicio y aceptaron penas menores. La parte de cada uno de los encausados es también una fracción 2/103 para la mayoría salvo para los que no se conformaron que deberán abonar 7/103.
Ambas acusaciones públicas justifican la elevada tasación en la duración del procedimiento y su complejidad: seis años de instrucción, seis meses de juicio y un sumario de más de un centenar de tomos, de los más voluminosos generados en Balears en aquel momento. En el caso de la Abogacía de la Comunitat también se argumenta que fueron hasta cuatro de sus integrantes los que participaron en las sesiones del juicio. Dos en la del Estado.
Sin embargo, los acusados a los que les toca pagar no han visto igual las facturas y, en los dos casos, las han impugnado ante la Comisión de Honorarios del Colegio de Abogados de Balears. Este organismo es el encargado de resolver este tipo de conflictos, habituales, sobre el pago de costas. El recurso que afecta a la Abogacía de la Comunitat está más avanzado pero se ha visto retrasado por el elevado número de resoluciones que tiene que resolver este órgano, más de 1.500 cada año.
En las últimas semanas también se han dirigido letrados a la Audiencia Provincial para reclamar cuantías aún en las cuentas del tribunal en concepto de honorarios.