La reconversión de locales en viviendas se está convirtiendo en una práctica cada vez más habitual en el contexto de emergencia habitacional que padece Baleares. Este fenómeno, no obstante, está plagado de casos que no cumplen con la legalidad vigente y que pueden suponer graves riesgos para la integridad de sus moradores, más allá de cuantiosas multas para los propietarios.
«Cualquier solución imaginativa para disponer de vivienda asequible ha sufrido un repunte», señala Antonio Jaume, presidente del Colegio Oficial de Administradores de Fincas de Baleares (CAFBAL) para recordar los innumerables y pintorescos ejemplos de infravivienda que han saltado a los medios de información en los últimos meses. Y los que no lo han hecho.
«Una cosa es la reconversión que cumple todos los requisitos legales y otra la que no lo hace», explica Jaume para añadir que muchos de esos locales tienen dificultades técnicas para cumplir las condiciones de habitabilidad y algunos propietarios deciden saltarse a la torera la normativa para extraer un mayor rendimiento económico de un activo inmobiliario vacío. «Es peligrosísimo, muy arriesgado», subraya el presidente de los administradores de fincas para referirse a riesgos como la falta de una ventilación adecuada u otras carencias que hagan inviable la habitabilidad del local.
Tampoco es raro encontrar estas ofertas en plataformas digitales de comercialización, pese a las sanciones a las que se exponen sus propietarios. «Estamos viendo un incremento porque sobre todo ha crecido mucho el interés de la demanda, aunque todavía no llegamos a los niveles que se dan en ciudades como Madrid o Barcelona».
La reconversión de locales comerciales -tanto legal como ilegal- experimentó un auge con el tsunami de cierres que trajo consigo la crisis sanitaria. A día de hoy, explica Jaume, constituye una opción «muy recomendable, siempre que se haga bien» para zonas alejadas del meollo de la actividad comercial. «De las avenidas hacia afuera, hablando de Palma, tienen poca salida como local comercial y no es extraño que los propietarios busquen otras salidas más rentables».
Desde el Colegio de Arquitectos de Balears (COAIB), su presidente, Bernat Nadal, también defendió esta práctica recientemente, durante la presentación del manual de buenas prácticas de este colectivo profesional. A su modo de ver, no es más que otra fórmula a disposición de los propietarios para «rehabilitar el parque ya edificado y así poder responder a las necesidades actuales de la sociedad balear».
Minipisos
Este proceso de residencialización está reconfigurando parte de la exigua oferta inmobiliaria accesible que va quedando en Balears. Una comunidad que, por otra parte, tiene un 0,4 % de minipisos -menos de 30 metros cuadrados- del total de su parque inmobiliario en alquiler. Según un estudio de Idealista, las Islas se ubicarían sobre la mitad de la tabla nacional, lejos de las dos regiones que encabezan el listado, Comunidad de Madrid (1,4 %) y Cataluña (1,2 %).
Por contra, la superficie más común en Balears entre la oferta de pisos en alquiler es la que se sitúa entre los 60 y los 100 metros cuadrados (41,1 %), seguida de la horquilla 100-150 metros cuadrados (31,3 %) y la de 30-60 metros cuadrados (14,7 %). «El fenómeno de los minipisos es muy residual, una anécdota en el total del parque de viviendas arrendadas», explica el portavoz del portal inmobiliario, Francisco Iñareta, para añadir que el problema de la falta de oferta asequible «no ha provocado que las viviendas minúsculas se conviertan en parte significativa del mercado».