Entre nueve y diez meses es lo que tarda la Conselleria d'Afers Socials en gestionar un grado de discapacidad. Pese a ser un tiempo desmedido, es de los más bajos en el conjunto del Estado pues, según la consellera d'Afers Socials, Fina Santiago, hay comunidades que llegan hasta los 3 años, mientras que la media es de uno y medio.
La explicación es muy sencilla:«El tiempo es excesivo porque hay una falta de médicos», señala la consellera. Y la solución es compleja:«Hay un decreto estatal que obliga a que haya un facultativo en el equipo valorador pero el puesto es, en realidad, poco atractivo».
Afers Socials tenía nueve plazas dotadas para médicos y apenas tres especialistas para cubrirlas. «Fuimos al núcleo del problema, que era saber cómo hacer las plazas más atractivas para mejorarlas. Hicimos una bolsa pero fue un fracaso porque no se llegaban a incorporar, pero no ha sido una solución definitiva», relata la consellera.
Decreto autonómico
Santiago cuenta que el Govern realizó su propio decreto autonómico en el que se estipula que quien haga la valoración, en vez de médico, sea sanitario, lo que permite no depender tanto de este tipo de especialistas pudiendo hacer esta labor desde otra categoría. «Ahora bien, las valoraciones después las revisa un órgano superior que garantiza que todo se bareme por igual en el que debe haber un médico, así sólo hace falta contratar a uno», añade Santiago.
En su día, y en defensa de la profesión, el Col·legi Oficial de Metges de Balears (COMIB) impugnó este decreto y lo llevó al contencioso administrativo. «Lo ganamos», recuerda ahora la consellera, que explica que el Ministerio está revisando su propia normativa mirándose en el espejo de Balears y que podría estar modificada en el mes de abril.
En cifras
Santiago cifra en unas 55.000 las personas valoradas por una discapacidad el año pasado, aunque recuerda que no todas son definitivas, en muchos casos son revisiones. Por otra parte, el 20 % de las solicitudes se descartan, «piden la valoración pero no tienen una discapacidad, aún así hay que atenderles», admite.
La consellera de Afers Socials destaca que, cuando llegaron al Govern en el año 2015, el plazo de valoración se situaba en 13 o 14 meses por lo que, tras dos legislaturas, se habrían reducido entre tres y cuatro la espera. Sin embargo, «un tiempo de espera razonable estaría en los cuatro meses», confiesa.