En medio de la emergencia habitacional que sufre Balears, el llamado ‘banco malo', el que se quedó con los activos inmobiliarios que perdieron miles de ciudadanos tras la crisis del ladrillo que comenzó en 2008, aún dispone de 447 viviendas en Balears, además de 127 solares o suelo urbanizable y otros 534 propiedades terciarias, que tanto pueden ser locales o negocios.
En 2012 y 2013 la Sareb compró un paquete de casi 200.000 propiedades «problemáticas», según detalla la propia empresa, que incluía préstamos al promotor e inmuebles, por un precio fijado por el Banco de España de 50.781 millones de euros. Fue una de las claves del llamado ‘rescate bancario' que permitió que bancos y cajas de ahorro desviaran los pisos y terrenos que se quedaron por desahucios e impagos de los clientes.
Casi 10 años después de aquella, la entidad dispone de esos 447 inmuebles a la venta tras haber cedido apenas 75 al Govern. Fue en el año 2015, justo al principio de la legislatura de Francina Armengol. En todo este tiempo, a esos 75 pisos se suman otras 19 viviendas sociales que adquirió el Ejecutivo. La Sareb sigue siendo la titular de 46.542 viviendas en toda España y apenas ha cedido un total de 1.870 a las comunidades autónomas, incluidas esas 75 de Balears. También ha cedido 1.028 viviendas por medio de convenios con diversos municipios, ninguno de ellos de las Islas.
El Gobierno de Pedro Sánchez prepara ahora un nuevo plan para favorecer el acceso a la vivienda que podría pasar por poner a disposición de las comunidades autónomas una parte de esos activos tóxicos que siguen sin salir al mercado, pero se desconoce en qué medida puede afectar a Balears.
Podemos ha reiterado en numerosas ocasiones que la entidad debe ceder a las comunidades autónomas todos los activos conseguidos gracias al rescate de las entidades bancarias con el dinero que aportó el Gobierno. La cesión de estos activos a la Comunitat permitiría aumentar el parque público del Govern en casi un 25 % ya que ahora dispone de unas 2.000 viviendas públicas para destinarlas al alquiler social.
Además de la ampliación del parque de vivienda de Balears, los partidos de la izquierda en las Islas están pendientes, también, de la aprobación de la ley estatal de vivienda. El texto no sale adelante por discrepancias entre los socios por la posibilidad o no de limitar el precio de los alquileres. Las tensiones entre el POSE y podemos por la ley del ‘solo sí es sí' se han extendido también a las negociaciones sobre esta ley, esencial para Balears.