El Parlament ha validado este martes, con 27 votos a favor y 24 abstenciones, el Decreto ley de medidas urgentes en materia del servicio público discrecional del transporte de personas viajeras y en otras materias vinculadas a sectores económicos, que «garantiza un mejor servicio» de cara a la nueva temporada turística, cuando, previsiblemente, «aumentará mucho la demanda del transporte». Además, se ha rechazado su tramitación como Proyecto de Ley.
La propuesta ha sido defendida por el conseller de Movilidad y Vivienda, Josep Marí, quien ha reconocido que la anterior temporada «fue fuertemente complicada para ofrecer un transporte de calidad». «No se podía prever esta afluencia tras la pandemia. El problema de la falta de vehículos no se había producido nunca de la manera en que sucedió en 2022», ha insistido el conseller.
En este contexto, ha defendido la ratificación del Decreto «para garantizar un mejor servicio, actuando de forma integral con todo el sector del transporte, tanto para quienes visitan como para residentes». Cabe destacar que el Decreto ley contempla distintas medidas, algunas de carácter temporal y otras ilimitadas en el tiempo.
Entre ellas, Marí ha destacado algunas como la autorización de la contratación por plazas de los pagos individuales en el transporte discrecional de viajeros en autobús con origen o destino a los aeropuertos y algunos puertos de Baleares. Esta medida se establece del 1 de mayo al 31 de octubre, con posibilidad de prorrogarse durante el mismo periodo en 2024, y tendrá una serie de condiciones, como que la contratación se haga con una antelación mínima de 24 horas.
Por otro lado, el Decreto contempla la contratación por plaza de determinados servicios de transporte si se da mucha afluencia de público o una demanda que no puede ser atendida por servicios regulares.
También habilita un procedimiento excepcional para que los ayuntamientos puedan otorgar licencias temporales de autotaxi sin la previa aprobación del plan regulador, que las nuevas VTC puedan pedir licencia municipal para ofrecer servicio urbano y reconoce al taxi la condición del servicio de interés público.
Por otro lado, el Decreto obliga, en el plazo de un año de la entrada en vigor, a que el Govern determine las condiciones de un régimen especial unificado de recogida de viajeros de Mallorca para el servicio de taxi, con una aplicación tecnológica única y un sistema tarifario homogéneo, y contempla la distribución de la ayuda estatal para bonificar el descuento del 100% del precio del transporte público, entre otras cuestiones.
Posición de los grupos
El primero en intervenir ha sido el diputado de Unidas Podemos Pablo Jiménez, quien ha hecho referencia al «déficit para atender la demanda de movilidad» el año pasado.
En este sentido, ha considerado que lo que hay que hacer es «reducir la llegada de turistas y pensar en otra manera de vivir, porque son responsables de la tremenda presión en el territorio y la enorme huella de carbono, y no hay tiempo para seguir con la misma cantidad de emisiones».
Por parte de MÉS per Mallorca ha intervenido muy brevemente su portavoz parlamentario, Miquel Ensenyat, quien ha manifestado que se expresa en la misma línea que el anterior.
Seguidamente, el diputado del PSIB Joan Ferrer ha visto en la recuperación económica una «buena noticia», aunque «provocó problemas de transporte» que este Decreto pretende solucionar.
Así, ha expresado su apoyo a la iniciativa, que «da salida a una necesidad de transporte que permite descongestionar» el servicio en la Islas, como es el discrecional, o evita el fraude de ley en este tipo de actividad, según ha valorado.
Desde el PP, la diputada Mª Salomé Cabrera ha tildado el Decreto ley de «parche», porque el «problema de la movilidad no es nuevo». «El Decreto se convierte en un cajón de sastre de temas varios y correcciones, a consecuencia de regular mal», ha insistido la diputada.
Además, ha censurado que se tenga que usar la vía del Decreto por una «urgente necesidad, convertida en tal por la falta de previsión del Govern».
El diputado de Ciudadanos Marc Pérez-Ribas también ha tildado de «cajón de sastre» la propuesta, con la que el Govern «reconoce que 2022 fue un año de colapso y fracaso». En este punto, ha justificado su abstención al considerar que se podría haber tramitado en su momento, sabiendo que la temporada fue «desastrosa el año pasado», y no ahora «deprisa y corriendo».
En la misma línea se ha expresado el portavoz parlamentario de Vox, Jorge Campos, quien ha defendido su abstención porque el Decreto «entra a regular cuestiones que van más allá».
El portavoz de El PI-Proposta per les Illes Balears, Josep Melià, ha resaltado también durante su intervención esta cuestión. «Si se tramitaran leyes con tranquilidad y no como decreto, no habría que estar rectificando», ha dicho.
Por su parte, el portavoz de Més per Menorca, Josep Castells, ha hecho referencia a la falta de consenso con los consells insulares a la hora de aplicar estas medidas. «Deberían ser cuidadosos a la hora de tener en cuenta a las instituciones que tienen estas competencias», ha señalado el diputado, quien ha lamentado también que el Decreto esté pensado «para resolver los problemas de Mallorca».