Cinco años y nueve meses después de perder el dinero de su herencia, Mauro Losacco sigue esperando que el banco les abone a él y a sus dos hermanos los 581.635,66 euros que le debe por incitar a su padre -ya fallecido- a contratar un producto de alto riesgo sin informarle debidamente de dónde se metía. Dos sentencias judiciales respaldan ya su causa y de paso sientan jurisprudencia para el reguero de afectados por la quiebra del Banco Popular Español (BPE) en 2017.
El padre de Mauro, Antonio Losacco, fue un cliente más que perdió sus ahorros con la desaparición de BPE, aunque en su caso la Justicia ha decidido que Banco de Santander, que adquirió la entidad moribunda por la cantidad simbólica de un euro, debe resarcirle -en este caso a sus herederos- con el abono de los 400.000 euros invertidos en el producto más 181.635 euros en intereses.
La Audiencia Provincial de Palma falló en favor de los Losacco en noviembre de 2021. El Banco Santander recurrió al Tribunal Supremo y éste ha ordenado la ejecución provisional de la sentencia dictada por los magistrados del órgano provincial. «Es la segunda vez que nos dan la razón, pero aún no ha llamado nadie para pedirme el número de cuenta», señala Mauro para añadir que la dilatación de todo el proceso le ha generado una gran ansiedad, aparte de los momentos de necesidad económica que se habría ahorrado de haber podido contar con ese dinero.
Antonio Losacco era cliente del Banco de Crédito Balear, filial del BPE. En una visita de trámite, el comercial de la sucursal le recomendó la contratación del producto -obligaciones subordinadas no convertibles- insistiendo especialmente en que se trataba de una inversión carente de riesgo y con un interés elevado.
El resto es historia negra de la banca española. La quiebra del BPE y su adquisición por el Banco Santander dejó en la cuneta a sus inversores y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) les dio el siguiente portazo en la cara al dictaminar que accionistas y acreedores tenían la batalla perdida.
Pero el caso de Losacco y de otros clientes que contrataron productos análogos al suyo es diferente. La sentencia observa que el cliente no fue advertido debidamente de los riesgos que corría con la inversión y que por lo tanto se incurrió en un «consentimiento viciado» que hace que el Santander deba devolverle el dinero.
Así, el escrito judicial observa que el afectado era un pequeño inversor sin conocimientos financieros a quien no se practicó test de idoneidad ni de conveniencia «pese a que era preceptivo ante un producto financiero complejo» como el contratado. Resuelve de este modo que el banco incumplió los «deberes de información» en varios aspectos cruciales de la contratación y subraya que el resumen de las condiciones que ofrecieron contiene «un texto complejo de comprensión difícil que precisaría en todo caso de información verbal complementaria para permitir su entendimiento al cliente».
Valeriano Marqués, abogado de Losacco, explica que su caso es solo uno de los muchos que se repiten en relación a la quiebra del BCE, por lo que solo en Mallorca las reclamaciones ascienden a millones de euros. Marqués es escéptico con respecto a la cambiante jurisprudencia en todo lo que atañe a los bancos. Arenas movedizas que al final tienden a moverse en favor de Goliat. «Hay mucha inseguridad jurídica y muchas decisiones políticas que han estado yendo en favor de los bancos». De hecho, advierte, «se están modificando resoluciones contrarias a los bancos para darles la vuelta».