El Parlamento de Canarias ha aprobado esta semana de forma unánime su rechazo al proyecto de privatización de las torres de control de los aeropuertos de Gran Canaria, Tenerife Sur y Tenerife Norte como ya sucedió con los aeropuertos de Lanzarote y Fuerteventura.
Todos los partidos políticos canarios, caso del Grupo Nacionalista (CC-PNC-AHI), Grupo Socialista, Grupo Popular, Sí Podemos Canarias y el Grupo Mixto, coincidieron en mostrar su oposición a la privatización por entender que van en contra de los intereses económicos y turísticos del archipiélago canario con esta medida. Esta postura del Parlamento de Canarias contrasta con la tibieza de Baleares, ya que el Parlament no ha debatido ni tratado esta cuestión que afecta de forma muy directa a Son Sant Joan, ya que AENA ha puesto en la lista la torre de control de Palma.
El portavoz del Govern y conseller de Turisme i Treball, Iago Negueruela, indicaba hace días que el Govern no estaba a favor de esta privatización, pero se quedaba en una simple declaración oficial sin refrendarse en el Parlament balear. El sindicato de controladores aéreos USCA y partidos políticos de las Islas también se han posicionado en contra de la privatización de las torres de control aéreo, por entender que en el caso del archipiélago balear se está jugando con el futuro de la industria turística y del tejido productivo balear.
La respuesta del Gobierno central, a través del Ministerio de Transportes, es justificar su decisión por una petición realizada a finales de enero por el ente aeroportuario AENA, que gestiona toda la red de aeropuertos españoles, entre ellos los de Mallorca, Menorca y Eivissa. El Gobierno señala, además, que la experiencia hasta el momento del servicio prestado en las torres privatizadas, entre la que se encuentra la de Eivissa, «ha sido positiva, de ahí que la gestión eficiente de los servicios públicos debe ser un objetivo de cualquier gestor público».
Y ante las críticas recibidas, el Gobierno puntualiza: «La seguridad del sector aéreo está plenamente garantizada en España, como certifica el análisis seguimiento realizado por la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA)».
Los argumentos esgrimidos por los partidos políticos canarios contra la privatización de las torres de control aéreo son los mismos que los de Baleares. El Parlamento de Canarias afirma que se trata de «un ataque a nuestro autogobierno» y ha vuelto a reivindicar la cogestión de Canarias de sus aeropuertos. Advierte que la privatización supondría una pérdida de la calidad aérea.