El empadronamiento es «la gran barrera» que encuentran las personas sin techo para poder acceder a recursos sociales, sanitarios y de todo tipo, pero algunos propietarios de inmuebles están exigiendo un plus de hasta 100 euros al mes en el precio habitaciones de alquiler para permitir a los inquilinos empadronarse en la vivienda, según han alertado este jueves Creu Roja, Metges del Món y Cáritas Mallorca en el Parlament balear. Ésta ha sido una de las advertencias que han hecho a los parlamentarios las representantes de estas tres entidades, Juana Lozano, Belén Matesanz y Teresa Riera, respectivamente, en una comparecencia ante la Comisión de Asuntos Sociales, Derechos Humanos y Deportes.
«Estamos encontrando personas que hacen negocio, arrendadores que les dicen: 'Si pagas 50 o 100 euros más te permito el empadronamiento'. Es la situación que tenemos en Baleares y lo vemos cada día», ha avisado Lozano, de Creu Roja. Precisamente, Belén Matesanz, de Metges del Món, subrayaba poco antes que el hecho de que las personas sin hogar --incluyendo en este término a personas que viven en la calle, pero también a las que residen en infraviviendas y otras situaciones-- encuentran grandes trabas burocráticas por el hecho de no estar empadronadas, requisito en la mayoría de trámites para optar a ayudas.
«Se encuentran en un limbo de tres meses esperando una inspección municipal. Esto implica tres meses en los que no existes, no tienes acceso a atención sanitaria, a educación, a servicios sociales, a nada», ha subrayado Matesanz. Igualmente, aunque «es verdad que existen ayudas como el Ingreso Mínimo Vital y Renta Social Garantizada, muchas cosas se tienen que hacer por ordenador». «Estamos obligando a las personas sin hogar a utilizar un ordenador cuando no tienen ni posibilidad de cargar el móvil si no es en el Parque de las Estaciones», ha subrayado Riera.
Denuncian que se separen padres e hijos
Igualmente, las entidades sociales han coincidido en reprochar que «la respuesta de la administración a la falta de recursos» económicos sea «separar a los padres de los hijos», debido a que no existen recursos para acoger a familias enteras. Si se quedan en la calle, a los padres, en el mejor de los casos, se les ofrece un albergue, «si hay plaza», y los niños «pueden ir a protección de menores». «¿De verdad eso es todo lo que podéis hacer las administraciones públicas»?, ha preguntado Riera. Mientras, Lozano ha añadido que no se trata de padres «maltratadores o no cuidadores», y que se les hace «muchísimo más daño» al retirarles los menores. La representante de Cáritas también ha pedido reflexionar sobre que no se puede «colapsar protección de menores por una cuestión de vivienda», ya que este servicio debe atender otras situaciones específicas de riesgo en menores.
Más mujeres sin techo
Las ONG también han avisado por el aumento de personas mayores, jóvenes y, sobre todo, mujeres en los perfiles de sinhogarismo. Han hecho especial hincapié en la vulnerabilidad de las mujeres sin techo, por correr riesgo de sufrir violencia sexual. Como dato, la coordinadora de Creu Roja ha indicado que han tenido que habilitar espacios en Palma e Ibiza «para que las mujeres puedan realizar su limpieza íntima»: «A esos niveles estamos llegando». «Sean conscientes de lo que significa para una mujer menstruar en la calle», ha apostillado Riera.
Además, las entidades han pedido tener en cuenta a las personas que viven en chabolas, asentamientos, caravanas, locales okupados, balcones, tiendas de campaña y, en especial, viviendas o habitaciones sobreocupadas, con uso restringido de las zonas comunes: mujeres que tienen que compartir habitación con señores, o menores que conviven con abusadores sexuales son algunas situaciones de las que han alertado. Por otra parte han resaltado el aumento del sinhogarismo entre personas «normalizadas» y con empleo, especialmente en Ibiza. Así, hay familias donde los dos progenitores trabajan y pese a ello no llegan a fin de mes. «Es cierto que este verano se ha trabajado mucho, pero se ha cobrado poco», ha remarcado Lozano.
«Maltrato institucional»
Otra demanda unánime de Creu Roja, Metges del Món y Cáritas Diocesana ante los diputados ha sido reclamar una mayor coordinación y clarificación de competencias entre instituciones, denunciando que se somete a las personas sin recursos a un «maltrato institucional» porque se les va «rebotando» de una institución a otra. «Es muy triste que derives al IMAS a una familia que te trae la Policía, y respondan que como dicen que van a pedir asilo 'son tuyos'», ha ejemplificado Lozano, que añade que es frecuente que familias lleguen tres veces en un mismo día a sus puertas. Por otra parte han insistido en la necesidad de dotar de más recursos los pueblos: «Si te quedas en la calle en la mayoría de pueblos no sólo has tenido que abandonar tu casa, sino todo tu tejido social, porque la solución es ir a un albergue de Palma».