El pleno del Parlament ha aprobado este martes la Ley de Cooperación para la Transformación Global, que reforma la actual norma de 2005 y que, entre otras cuestiones, fija que a partir de 2030 Baleares destinará a esta materia el 0,7 por ciento del presupuesto. La nueva norma define un modelo de cooperación propio de Baleares, sin influencias exteriores y consensuado con la ciudadanía, los sectores, las organización no gubernamentales (ONG) locales y los países y ONG receptores de estas iniciativas de cooperación.
Al mismo tiempo, actualiza objetivos y retos de cooperación de las Islas, incluyendo enfoques como el feminismo, la soberanía energética y alimentaria o la sostenibilidad ambiental, entre otros.
En la defensa del proyecto, la consellera de Asuntos Sociales y Deportes, Fina Santiago, ha agradecido la implicación de las entidades religiosas y civiles que han impulsado la cooperación en Baleares desde hace más de seis décadas, así como su participación en la redacción de la reforma.
Así, Santiago ha reivindicado la «vocación» de las instituciones de las Islas en materia de cooperación que, en las últimas dos décadas, ha llegado a casi 70 países.
Fina Santiago ha detallado que el presupuesto de Cooperación desde el año 2015 ha aumentado un 166 por ciento y de los 2,7 millones presupuestados en 2015 se ha pasado a los 7,2 millones de este año.
Sobre el 0,7, Santiago ha lamentado que desde que en 1992 comenzara a pedirse que se destinara a cooperación este porcentaje, al tiempo que celebrado que la nueva ley «defina claramente» esta cantidad, a veces objeto de debate sobre a qué concepto debía aplicarse. «Ya no puede haber excusa», ha afirmado.
Así, ha explicado que el artículo 19 de la ley determina que los presupuestos de la CAIB «fijarán anualmente los créditos destinados a la cooperación a la transformación global con el objetivo de dedicar un 0,7 por ciento de los recursos presupuestarios, determinados por los ingresos corrientes de la Administración de la CAIB» y que «se excluirán del cómputo de los recursos presupuestarios disponibles los ingresos de carácter finalista, el valor de las transferencias a los consells insulares en concepto de sistema de financiación definitivo y el gasto no financiero dedicado a la reducción de los pasivos financieros de la CAIB».
Santiago ha indicado que la actual ley es buena pero ha expresado la necesidad de la reforma por la aparición de nuevos actores de cooperación, la aprobación de la Agenda 2030 que determina una concepción diferente de la cooperación, los cambios geopolíticos, los movimientos migratorios y el incremento de las crisis humanitarias.
La diputada del PP Marga Durán, en el debate de las enmiendas, ha celebrado que se hayan incorporado varias enmiendas 'populares', especialmente la referida, en el apartado de los enfoques, a la lucha contra la pobreza y sus causas. Durán ha pedido que en los agentes sociales se tenga en cuenta a los misioneros de diferentes confesiones religiosas, cuestión que se ha incluido en la exposición de motivos.
Por su parte, el diputado de MÉS per Mallorca Miquel Ensenyat ha instado a sentirse «orgullosos» de la tradición y la consolidación de la cooperación en el archipiélago. Ensenyat también ha defendido la descentralización y la localización de la cooperación.
El portavoz parlamentario adjunto de CS, Juanma Gómez, por su parte, ha lamentado, a pesar del apoyo a la ley, la «estigmatización» del sistema capitalista. El diputado liberal ha celebrado que se amplíe el concepto geopolítico de cooperación hacia el conjunto del planeta, dadas las crisis humanitarias o los conflictos bélicos, y que no se limite al sur.
Todos los grupos parlamentarios salvo Vox han dedicado parte de sus intervenciones a resaltar el consenso alcanzado y a alabar el papel de Juanma Gómez como coordinador de la ponencia y su actitud para facilitar los acuerdos.
La diputada de Unidas Podemos (UP) Cristina Mayor ha celebrado el consenso alcanzado en la tramitación y ha argumentado el rechazo de la formación morada a las últimas enmiendas vivas que han llegado al pleno «porque no mejoran la norma». Mayor ha resaltado el refuerzo feminista y de derechos humanos y la incorporación de conceptos como el ecologismo, el antirracismo, el feminismo o la defensa del colectivo LGTBI.
El diputado de Vox Sergio Rodríguez ha defendido que la cooperación sea competencia exclusiva del Estado «por cuestiones de eficacia en la gestión». El parlamentario de Vox ha criticado que el Parlament se preocupe de «arreglar el mundo» cuando hay «colas del hambre en los capuchinos de Palma».
En su respuesta, el diputado de CS Juanma Gómez ha criticado la «demagogia» de Vox de enfrentar la pobreza local frente a la de otros países del mundo. «Están en las tesis de Putin y Trump», ha lamentado.
Por parte de Més per Menorca, la diputada Patricia Font ha argumentado que la cooperación es ahora «más necesaria que nunca» para cambiar un sistema que «perpetua las desigualdades». Font ha defendido especialmente añadir la perspectiva feminista, porque la desigualdad «tiene rostro de mujer».
La diputada del PSIB Beatriu Gamundí ha celebrado que se pueda presentar a la sociedad y al tejido asociativo una ley que se actualiza a la realidad actual y a las necesidades actuales de la cooperación y sus instrumentos para colaborar con países y territorios del entorno.
Agentes de cooperación
Unos de los ejes centrales de la ley es la importancia de la educación para la transformación social por lo que la norma contempla la comunidad educativa como agente de cooperación junto a los tradicionales de entidades, ONG, sindicados, empresas, administraciones, fondos de cooperación, universidad, entre otros.
También se quiere consolidar el trabajo realizado y que se sigue realizando desde las ONG de Baleares, por lo que el Govern considera primordial su implicación en las políticas de cooperación.
Por otra parte, la ley apuesta por un impulso de las políticas públicas de cooperación, aumentando los recursos para las acciones que lidere de manera directa el Govern en materia de cooperación bilateral entre gobiernos para que la cooperación no sea exclusiva de entidades.
Entre los cambios que implica el nuevo texto, se establece que la conselleria competente en cooperación asumirá la responsabilidad de velar por la coherencia de políticas y remitirá, con carácter anual, un informe a la comisión competente del Parlament. También se revisará la composición del Consejo de Cooperación y se crea una Comisión de Coordinación del Govern en Materia de Cooperación para la Transformación Global.