Astilleros Mallorca y Varadero Valencia, empresa ésta última englobada en el grupo IPM, piden a la Autoritat Portuària de Balears (APB) una pronta resolución del concurso de competencia de proyectos para gestionar 120.000 metros cuadrados al final de los muelles comerciales del Moll Vell en el puerto de Palma. Confían en que estar en un año electoral no signifique que el consejo de administración del ente portuario retrase su decisión. Ambas son las únicas empresas que se han presentado a la competencia de proyectos, pero desde la APB indican que «cabe la posibilidad de que llegue alguna propuesta más que se haya podido presentar en tiempo y en forma en otro registro oficial».
El concurso de competencia de proyectos que aprobó el consejo de administración a finales de 2022, según las partes afectadas, incluía entre sus requisitos fundamentales un varadero de reparación de embarcaciones de hasta 5.000 toneladas, con esloras máximas de 110 metros. Al mismo tiempo, no debe existir una situación de monopolio en los muelles comerciales, en los que opera actualmente Serveis Tècnics Portuaris (STP) y que ocupa una superficie de 165.000 metros cuadrados en el Moll Vell. Desde Varadero Valencia puntualizaron ayer en que la resolución del concurso «no se tiene que eternizar en el tiempo, ya que el objetivo principal es que en los muelles comerciales pueda trabajar todo el mundo, porque así se beneficia a las empresas industriales del sector náutico que operan en el puerto en este sector».
Astilleros Mallorca, por su parte, aboga por una gestión centralizada que no está cerrada a las empresas industriales de sector náutico en las Islas «es por ello que la APB debe permitir que cohesistan la opción del varadero abierto y de gestión centralizada, ya que ello beneficia al sector de reparación y mantenimiento de embarcaciones y yates en el puerto de Palma». Astilleros Mallorca, en este sentido, indica que en 2019 «trabajaron en nuestras instalaciones 352 empresas, con 1.7687 trabajadores ajenos a Astilleros Mallorca, mientras que el pasado año lo hicieron 330 empresas y 2.817 trabajadores». Añaden que la APB debe tomar una decisión que beneficie al puerto y a la actividad industrial náutica.