Un informe de Puertos del Estado concluye que la empresa pública ha llevado a cabo más de 400 procedimientos como el que se pone en duda en el ‘caso Puertos'. El organismo público ha respondido a una petición de la magistrada instructora ante las posibles irregularidades en la adjudicación del Club Naútico de Eivissa.
La titularidad del puerto fue otorgada por un procedimiento de ‘concurrencia de proyectos' y, durante la instrucción se cuestiona el uso en esta ocasión de esta herramienta y se plantea que se recurrió a ella para beneficiar al club histórico frente a un competidor privado. Entre otras diligencias, pidió a Puertos del Estado que acreditara el número de veces que se había optado por esta concurrencia. La respuesta es que han superado los cuatro centenares.
La magistrada, en cualquier caso, mantiene las diligencias abiertas y ha citado a declarar como testigo al actual director de la Autoritat Portuària, Jorge Nasarre por esta pieza. En la otra pieza de la que se ha levantado el secreto, que investiga una adjudicación de amarres y otros servicios en el puerto de Maó, también ha habido novedades. En este caso quien ha respondido a un requerimiento de la magistrada ha sido la Intervención General del Estado. Se cuestionó a este organismo sobre la legalidad del procedimiento empleado en ese contrato. El informe cuestiona la actuación de la mesa de contratación y plantea que, si las tres ofertas no cumplían de forma plena con las condiciones de licitación deberían haber sido excluidas del procedimiento.
El resto de las piezas de las que se compone la macrocausa están bajo secreto de sumario desde abril de 2020. Entre ellas se encuentra la gestión del puerto del Molinar, varias adjudicaciones en Formentera y una por revelación de secretos.