El sector de la construcción ha expresado su «profundo rechazo» al nuevo decreto ley del Govern para frenar el crecimiento urbanístico, una normativa que se valida mañana en el Parlament y que a su juicio supondrá, alertan, un «nuevo obstáculo» al desarrollo de vivienda asequible en Baleares.
«Es un ataque frontal a la vivienda asequible en Baleares en una situación de emergencia habitacional», ha manifestado el presidente de la Asociación de Promotores Inmobiliarios (PROINBA), Luis Martín. «Y además desde el sistema del decretazo otra vez, con nocturnidad y alevosía y Navidades por medio», señala en referencia a la aprobación inicial de la normativa el pasado 27 de diciembre. Según Martín, el decreto se va a traducir inevitablemente en «la creación de inseguridad jurídica de propietarios e inversores haciendo urbanismo a la carta e invadiendo competencias municipales».
Este paso legislativo del Ejecutivo que preside Francina Armengol va a suponer, en última instancia, un encarecimiento del precio de la vivienda, advierte. «Los propietarios que tengan suelo dentro de los cascos urbanos tendrán una mucha mayor demanda y ya no se podrá hacer nada fuera del mismo hasta que no se consuma la totalidad. Se va a fomentar la especulación y el encarecimiento de precios». De esta manera, ha subrayado que «estamos de acuerdo con la regeneración urbana» que presuntamente se persigue con este decreto ley, «pero no solo con la regeneración urbana se puede solucionar el problema de la vivienda».
La construcción de vivienda asequible requiere sobre todo, defiende Martín, de suelo económico, «nuestra materia prima». Martín explica que la desclasificación de urbanizables durante estas dos últimas legislaturas ha retirado del mercado 53.200 hectáreas de suelo urbanizable, superficie que podría acoger las 20.000 viviendas que se calcula se requerirían para dar respuesta a la demanda habitacional. «Es precisamente el déficit de vivienda asequible que tenemos actualmente». A su juicio, se requerirían unas 7.000 viviendas anuales de nuevas viviendas -como número óptimo-, cuando la construcción de nueva vivienda no llega a las 3.000 al año.
Encarecimiento de los materiales
La falta de obra nueva necesaria está repercutiendo en el mercado de segunda mano, explica Martín, el cual va encareciendo paralelamente su precio debido a este tensionamiento. «La vivienda usada es la que realmente mueve el mercado». Además, el encarecimiento de los materiales va a provocar más subidas para 2023.
La presidenta de la Asociación de Constructores de CAEB, Fanny Alba, recordó algunas estadísticas que reflejan el problema actual, como que el esfuerzo necesario para la compra de una vivienda del ciudadano de Baleares -16,4 años de su sueldo íntegro, el doble que la media estatal-, o que el precio de la vivienda en las Islas -en noviembre alcanzó las 3.123 euros el metro cuadrado, otra vez el doble que la media estatal-.
Por su parte, el presidente de la Comisión de Construcción de CAEB, Óscar Carreras, explicó que «lo que interesa es que no se esté cambiando continuamente, necesitamos estabilidad, no una catarata de 14 normas diferentes en cuatro años». La normativa actual, señala, obliga a construir un número limitado de viviendas «que no se adapta a las necesidades actuales». Para lograr ese objetivo, sostiene, sería necesario un pacto entre partidos a largo plazo que permitiera la estabilidad jurídica que demandan.
Por otra parte, Carreras rechazó que las operaciones de compraventa por parte de extranjeros tengan un peso significativo como factor de encarecimiento de la vivienda, tal y como se sostiene desde sectores del Govern que pretenden limitar dicha actividad. «Hablamos de viviendas de 800.000 euros de media: no es el mercado objetivo; creemos que con esto el Govern pretende crear una cortina de humo».