El Juzgado de Instrucción no encuentra ningún indicio de delito en la actuación del jefe jurídico de Son Espases, Jaume Caro, en la instrucción de un expediente a un médico del servicio de Otorrinolaringología. El auto descarta que existan indicios de criminalidad en su actuación. La investigación penal arrancó por una denuncia del médico afectado. El servicio al que estaba adscrito arrastra desde hace tiempo una serie de graves conflictos que desembocaron en el cese de su responsable el pasado mes de noviembre. En ese contexto se abrió un expediente a uno de sus integrantes por un supuesto acceso a datos privados de un compañero y de otros pacientes. La investigación administrativa fue encargada a Jaume Caro. El afectado entendía que, de la actuación de éste se desprendían delitos de falsedad documental, prevaricación e infidelidad en la custodia de documentos.
El auto del juzgado de instrucción descarta que se ocultara información al médico durante la tramitación y que se omitieran determinados documentos. «No es imputable al querellado que el documento inicial fuera ilegible porque así le fue remitido por la instructora previa y, además, consta que, en cuanto fue advertido, puso en poder del querellante un documento completo», señala. También le exculpa provisionalmente por la orden de destruir el ordenador clave del caso: «Del expediente resulta que no ha tenido intervención alguna en la orden por la que se dictó dicha destrucción». Sobre la propia tramitación del expediente, descarta la posible existencia de vacíos «para perjudicar» o que se hubieran provocado de forma intencionada.
Otro de los indicios en los que se basaba la denuncia era una grabación al querellado en la que supuestamente presionaba al doctor. El auto lo interpreta de otra manera: «Se limita a advertir de la gravedad de los hechos al querellante y de la necesidad de que se presente con un abogado para la defensa. Ninguna coacción o amenaza para que reconozca los hechos se aprecia en dicho audio». Sobre los dos testigos, médicos, que también afirmaron en la instrucción haber sido amenazados por el responsable jurídico del hospital también rechaza que aporten indicios. Así, acepta la petición de la abogada del querellado, Carolina Ruiz, y acuerda el sobreseimiento provisional de las actuaciones abiertas hace un año.