La consellera de Presidencia, Función Pública e Igualdad, Mercedes Garrido, ha pedido hacer una «reflexión profunda» ante los recientes asesinatos machistas en España y ha cargado contra el «negacionismo» de la extrema derecha. «El negacionismo de la violencia machista es lo que hace que en muchas ocasiones no se perciba como un peligro para muchas mujeres», ha reiterado Garrido este martes en declaraciones a los medios, lamentando que «la extrema derecha niega de forma continua» esta lacra, «lo que hace que se silencie mucho más».
Por otro lado, la consellera ha reconocido que también hay que analizar el funcionamiento de las administraciones públicas y los servicios que ofrecen, para saber si es necesario modificar algún tipo de protocolo o actuación. En este punto, ha anunciado que, en el caso de Baleares, se ha duplicado la asistencia personal que se ofrece a las víctimas de violencia machista, mientras que el Consell está planteando incrementar las plazas de acogimiento para estas personas. «Esto quiere decir que hay un repunte y que tenemos que ofrecer más servicios y herramientas a las mujeres para luchar contra esta violencia», ha sentenciado.
Garrido ha insistido además en la importancia de la denuncia, tanto por parte de la mujer maltratada como de las personas de su entorno. «Callar es lo que hace que esta violencia se manifieste después de manera brutal, y la más brutal de todas es la del asesinato», ha reiterado. La consellera se ha referido también a la violencia vicaria, que se da «cada vez más», y ha pedido que se declare «de manera firme» como violencia machista. «Es el objetivo de esta Conselleria», ha afirmado.
Preguntada por la propuesta del Ministerio del Interior de avisar a una persona de los antecedentes de su pareja por violencia de género, Garrido ha defendido que la medida «es totalmente correcta». «Cuando se trata de la lucha contra la violencia machista hay que poner todas las herramientas, y a veces tienen que ser novedosas, innovar a nivel jurídico», ha insistido la consellera, que ha enfatizado que, bajo su juicio, se debe priorizar el derecho de la vida al de la protección de datos, y más teniendo en cuenta que la condena es «fruto de una sentencia que es pública».