Diego Colón de Carvajal, ingeniero naval por la Universidad Politécnica de Madrid, es desde 2018 CEO de Astilleros Mallorca. Previamente ocupó los cargos de director general y jefe de producción en 1981. Lleva en la empresa 40 años y afronta uno de los problemas más delicados, como es la paralización del traslado de las instalaciones del astillero al Moll Vell. La decisión está en manos de la Autoritat Portuària de Balears (APB). Su concesión actual acaba en 2027.
¿Cómo fue su llegada a la empresa?
— Fue un momento muy delicado, ya que los actuales propietarios me llamaron para gestionar unos astilleros que estaban pasando una delicada situación por la reconversión naval a nivel internacional provocada por la competencia de Japón y Corea. Esta crisis supuso la suspensión de pagos y posterior venta de Astilleros Mallorca. No fue hasta inicios de los 90 cuando se inició su recuperación y estabilización, principalmente porque nos especializamos en la reparación y mantenimiento de yates y se abandonó la construcción de buques.
En estos momentos, ¿cómo está Astilleros Mallorca?
— Después de mucho esfuerzo, trabajo y reinversión en las instalaciones, podemos decir que a partir del año 2000 vimos la luz, porque el cambio de actividad permitió la viabilidad empresarial y la reducción de la deuda. En estos momentos contamos con una clientela fiel, con un reconocimiento a nivel internacional y estamos asentados en un mercado muy competitivo.
¿El futuro cómo se contempla?
— Dentro de cinco años acaba la concesión que tenemos en la actual ubicación y esto supone una auténtica espada de Damocles. En estos momentos no se nos da continuidad y el consejo de administración de la APB aprobó a finales de octubre tramitar la solicitud de competencia de proyectos para una nueva concesión en los muelles comerciales ubicados en el Moll Vell instada por Astilleros Mallorca. Todo está en peligro si no hay continuidad a nuestro trabajo.
¿Por qué?
— Retrasar la decisión de la APB hasta el final no tiene sentido alguno, ya que hacer unos nuevos astilleros cuesta cinco años. Se trata de unas instalaciones complejas, con una inversión muy elevada y esto supone una planificación adecuada. El problema es que si hay retraso en la decisión del consejo de administración de la APB, la situación se pone muy compleja y, además, está en peligro la viabilidad futura de lo que son hoy los Astilleros de Mallorca.
¿Cuentan con apoyos?
— Los tenemos porque representamos una parte muy importante de la industria naval en el puerto de Palma. Contamos con una plantilla fija de 100 personas y de 155 en plena temporada. Además, en nuestras instalaciones trabajan unas 300 personas más de empresas auxiliares. Esto hace que nuestro volumen de negocio anual supere los 40 millones de euros. Todo esto está en peligro en caso de que no haya continuidad. Es una cuestión de futuro para el puerto y la economía de la Isla. Contamos con el apoyo del Govern, Puertos del Estado, de la Cámara de Comercio de Mallorca y resto de instituciones relacionadas por el puerto.
¿Piden celeridad?
— Por supuesto. Todo esto tiene una lógica tramitación regulada por la Ley de Puertos y como señalaba antes construir unos astilleros no se hacen de un día par a otro. Hay toda una planificación a seguir para mantener la actividad productiva.
¿Considera lógica la decisión de la APB de repartir el tráfico y uso industrial en el puerto de Palma?
— La Autoritat Portuària de Balears tomó una decisión valiente en 2018, como fue la llevar toda la reparación y mantenimiento de buques a la zona industrial del Moll Vell, mientras que el Dique del Oeste se asignó a los ferrys.
¿El próximo año es clave?
— Sí, tanto para nosotros como para STP. Se necesita una decisión política urgente y con visión de futuro para el puerto.