Con el éxito reciente de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) de Benestar per a les Generacions Presents i Futures, Corbera repasa en esta entrevista la actualidad medioambiental local y general, pero también cómo se presenta un futuro marcado por el cambio climático.
¿Cómo valora la admisión a trámite en el Parlament de la ILP?
— Que haya pasado la admisión a trámite ya es un hecho histórico. Es la primera vez que el Parlament lo hace, lo que, la verdad, no dice mucho en su favor. Lo considero un éxito del GOB, del movimiento ecologista y de la sociedad civil en general. No podemos olvidar que más de 140 entidades se han adherido a la ILP y se han presentado 12.000 firmas de apoyo. En los últimos años, principalmente por la COVID, ha sido complicado emprender campañas. La pandemia había limitado el voluntariado y, en ese sentido, habíamos perdido músculo, pero la concentración en la Plaça Major de Palma del pasado mayo cambió la dinámica. Los cambios vienen cuando los movimientos sociales empujan. Hay que recuperar la fuerza en la calle.
¿Qué supone la ILP?
— Poner en marcha una comisión que se preocupe de la justicia intergeneracional. Es un cambio cultural del que podemos ver antecedentes en la Llei de Normalització Lingüística o en la Llei d'Espais Naturals. Se trata de proteger valores para el futuro, con una visión que tenga en cuenta si determinados proyectos o actuaciones actuales van a servir realmente al bien común de las generaciones futuras
¿No es suficiente contar con la Comissió de Medi Ambient?
— La Comissió de Medi Ambient tiene su función, pero no dispone de medios ni de indicadores para esa visión global de futuro. La ILP no se refiere únicamente a lo estrictamente medioambiental. Va más allá y también tiene en cuenta cuestiones como la salud, la educación o los servicios sociales.
¿No teme que el Parlament desvirtúe la ILP?
— Estaremos vigilantes. Lo que esperamos es que el Parlament complete, amplíe y mejore el texto. Si el Parlament decepciona en ese sentido, lo haremos saber y nos haremos oír.
El Govern presume de leyes como la de Residus o la de Canvi Climàtic.
— Las valoramos muy bien, pero asistimos a un crecimiento turístico y urbanístico desbocado, lo que las inutiliza. No ayuda que en verano sigan llegando aviones cada 50 segundos. Las cuestiones estructurales no se han abordado. El hecho objetivo es que los crecimientos mencionados están desatados y no hay alternativas.
¿Solución?
— Las soluciones las propondría la comisión prevista en la ILP, pero está claro que hay que dejar de crecer. Hay que empezar a poner límites, entre ellos a la ampliación del aeropuerto, con una previsión a largo plazo de 40 millones de pasajeros.
¿No es contradictorio que el Gobierno central contempla la ampliación del aeropuerto y al mismo tiempo tenga una política de transición ecológica?
— El problema es que los aeropuertos de Palma, Madrid y Barcelona mantienen al resto. AENA quiere mantener el negocio, pero entra en contradicción con los objetivos de sostenibilidad que, supuestamente, se ha marcado el Gobierno central. El Govern se ha plantado ante las intenciones con el aeropuerto, pero lo ha hecho con la boca pequeña. Aquí, la solución no sería la cogestión, sino la gestión integral de los aeropuertos de Balears.
¿Y cómo valora la próxima transferencia de Costas?
— La gestión estatal de Costas en Balears ha sido un desastre absoluto. Ha habido falta de medios, pero también arbitrariedad y una interpretación digamos flexible de lo que es una buena Ley de Costas. Por ejemplo, si protegemos el restaurante Bungalow, en Palma, ¿qué pasa con el resto de locales, que también pueden ser emblemáticos y tienen sus puestos de trabajo? ¿Vamos a proteger un local en función de su capacidad de movilización?
¿Qué pasa con el hotel Formentor?
— El Ajuntament de Pollença ha tenido una actuación poco clara en esta cuestión. Hay una serie de deficiencias y el Ajuntament dice que se han subsanado. Para nosotros, no son subsanables.
¿Qué le parece la Llei de la Serra?
— Una oportunidad para proteger de verdad el espacio natural más grande y valioso de Balears. La Serra de Tramuntana sufre una serie de problemas, como las carreras ilegales o la capacidad de gestión de un espacio que cada vez recibe mayores afluencias. La Serra no puede convertirse en un betlem o en un parque temático para el turismo. Es un espacio natural donde hay residentes y actividades económicas, por lo que se impone una visión global de sostenibilidad.
¿Por qué no se ha puesto fin a las carreras ilegales?
— No lo sé. Habría que preguntárselo a la Delegación del Gobierno. Si las fuerzas de seguridad pueden infiltrarse en grupos de narcotráfico, no veo tan complicado acabar con las carreras ilegales. Están pasando décadas con este problema y la solución no llega.
Habla de parque temático en la Serra. ¿No puede trasladarse ese concepto a toda la Isla?
— Sí, parece que todo lo que somos y hacemos es en función de que somos una economía turística. Por una cuestión de bienestar y dignidad colectiva de los que aquí vivimos y trabajamos, no podemos convertirnos en un parque temático. Mallorca no puede ser únicamente un lugar donde van turistas a relajarse y pasárselo bien.
¿El reto futuro del ecologismo es el cambio climático?
— El cambio climático tendrá un coste de transformaciones sociales y económicas, más allá de las cuestiones ecológicas. Lo que no puede ser es que esos costes los paguen las clases medias y populares. El reto del ecologismo será que la transición ecológica sea justa socialmente y que los impactos naturales sean los menos posibles. Me parece muy importante no caer en discursos del miedo o alarmistas porque eso sólo refuerza a los negacionistas.