Nina De Sousa vivió en 2018 su particular ‘annus horribilis'. Mileurista y de familia trabajadora, en cuestión de semanas, ella y sus cinco hermanos se quedaron sin los dos pisos familiares que tenían alquilados en Palma. Una semana después de poner a la venta el piso de Son Roca, recibieron una llamada del presidente de la comunidad, alertándoles de una posible okupación. Habían entrado y cambiado la cerradura. «La Policía nos dijo que, como ya habían pasado más de 12 horas, no podían tumbar la puerta y echarlos. Un agente nos reconoció que la ley no protege de los okupas», rememora Nina. Desamparados por las autoridades, los propietarios hicieron turnos frente al portal, durmiendo en un colchón sobre el rellano, para poder entrar en su piso cuando no hubiera nadie. «Parecíamos nosotros los delincuentes». En dos semanas y aprovechando dos despistes, lograron cambiar la cerradura y recuperar el piso. «Fue rápido, pero porque nosotros también nos pusimos macarras», concluye.
Son Gotleu
Apenas días después de deshacerse de los okupas, volvieron a sufrir otra okupación, esta vez en su piso de Son Gotleu. Tenían alquilada la vivienda a un hombre, que subarrendó las habitaciones a otros tres. El inquilino y uno de los subarrendados partieron sin explicaciones y quedaron viviendo de forma ilegal los otros dos. En esta ocasión, la familia llevó el caso a los juzgados: «Cuando recurrimos al procedimiento común tardaron cuatro años en echarlos». Lo hicieron mediante acuerdo con los okupas, a los que, para agilizar la situación, pagaron casi 2.000 euros, además de los casi 100 euros mensuales de facturas de luz y agua. Ya con las llaves en la mano, encontraron una casa en ruinas e inhabitable. «Ni el Gobierno ni la Policía hizo nada por nosotros».