El Gobierno ha aprobado este martes en la reunión del Consejo de Ministros el decreto que formaliza el traspaso de las competencias de Costas al Govern balear, que lo comenzará a gestionar desde el 1 de julio, con una dotación de 1,3 millones de euros --982,19 euros por kilómetro de dominio público marítimo-terrestre-- y 18 trabajadores. El Ministerio de Política Territorial y el Govern balear firmaron el pasado 18 de noviembre en Palma el convenio para el traspaso, y, ahora, el Consejo de Ministros ya ha aprobado este decreto que oficializa el traspaso.
Con este traspaso, que se materializará el 1 de julio de 2023, se dotará al Govern balear de 1,3 millones de euros y unos 18 trabajadores, que suponen 1,35 empleados por cada 100 kilómetros de dominio público marítimo terrestre. Con todo, de los 18 puestos de trabajo, seis están vacantes. Asimismo, el traspaso también incluye la sede de la Demarcación de Costas en Palma y seis vehículos. A partir de ahora se constituirá una comisión técnica bilateral para llevar la transición desde el punto de vista administrativo, de manera que la Comunidad tenga capacidad «consolidada» para gestionar las competencias desde el 1 de julio.
El traspaso implica que la Comunidad Autónoma será la responsable de gestionar y ordenar tanto el dominio público terrestre en la costa como lo que se conoce como mar territorial, 12 millas náuticas mar adentro desde la línea de costa. En virtud de este traspaso, Baleares se encargará de gestionar las autorizaciones administrativas dentro del dominio públcio marítimo terrestre; usos de temporada --como sombrillas, zonas de fondeo, conciertos o carreras, e instalaciones desmontables con vigencia inferior a cuatro años; las zonas de servitud de tránsito --los primeros seis metros desde la ribera del mar-- o las concesiones demaniales que incorpora la Ley de Costas --como explotaciones de acuicultura o usos privativos superiores a cuatro años--.
Además, la Comunidad asume también la tarea de vigilar el cumplimiento de las condiciones de las autorizaciones y de sancionar las infracciones y recaudar las multas. También pasará a tener competencias en cuanto a la planificación de proyectos y ejecuciones de obras que no sean de interés general, y podrá participar, mediante propuestas e informes, en las obras que ejecute el Estado bajo el paraguas del interés general --como por ejemplo la regeneración de playas.
Además, la Comunidad Autónoma tiene previsto traspasar a los consells las competencias de litoral rústico. «Siempre hemos defendido que desde la institución más cercana se gestiona mejor», defendió Armengol en la rueda de prensa posterior a la firma del convenio con la ministra Isabel Rodríguez. El Govern ya ha iniciado negociaciones con los consells para concretar este traspaso. El Ejecutivo pretende aprovechar los próximos meses para «acompasar» las dos transferencias. Los consells ya disponen de las competencias en materia de litoral urbano.