Una de cada cuatro medidas de protección para víctimas de violencia machista se deniega

Un total de 897 mujeres solicitaron a la Justicia medidas de protección y seguridad por motivos de violencia machista en 2021, pero solo se aprobaron en 677 casos. El 25 % restante, una de cada cuatro peticiones, la petición fue denegada. Es una de las muchas cifras que ha presentado el sindicato UGT en su Informe 25N, con motivo del Dia Internacional de la Eliminación de las Violencias Contra las Mujeres y que recoge del Informe Anual sobre Violencia de Género de CGPJ. «Consideramos demasiado elevado el número de casos que se deniegan», ha dicho Xisca Garí, secretaria de Políticas Sociales e Igualdad del sindicato, que asegura que el número de denuncias falsas es irrelevante.

El lema de este año es: ‘La violencia tiene muchos nombres'. En este sentido UGT ha puesto el acento en la importancia de identificarlos. Más allá de la violencia machista en el ámbito familiar, o de los asesinatos que sería la máxima exponencia y que en Balears ha dejado a 41 víctimas desde 2013, ponen el acento en el ámbito laboral. «Las denuncias siguen siendo bajas pero el 17 % sufrió este tipo de violencia en este entorno», incide Garí. Los factores de riesgo serían la precariedad o el aislamiento en el trabajo pero también ha destacado el machismo normalizado, «comentarios sexistas, insinuaciones». La denuncia, asegura, no se hace «por miedo a ser despedido, sentimiento de culpa o miedo al entorno», de ahí que haya remarcado la importancia de que las empresas tengan protocolos que den garantías a las mujeres.

Por otra parte, UGT ha defendido la ley del ‘Solo sí es sí' y la necesidad de «seguir trabajando frente a una ultraderecha, con discursos negacionistas, que llega a las instituciones». Garí ha tildado de «inaceptable» la violencia política contra las mujeres y ha mostrado su apoyo explícito a la Ministra de Igualdad, Irene Montero, tras el ataque de Vox sufrido el miércoles en el Congreso de los Diputados.

Sobre las críticas a la normativa que ha permitido rebajas de penas de agresores, «es ruido mediático que hace mal a las mujeres maltratadas», ha defendido Garí, quien pide tiempo para que el Tribunal Supremo unifique los criterios «para saber qué pasa con las denuncias». Por último, desde UGT, pide más recursos para prevenir y para la atención integral de las víctimas, un sistema que, advierte, está colapsado.