Los nuevos chalés en suelo rústico no se podrán construir de cualquier manera, sino que deberán pasar un examen de integración paisajística, según la ley que este miércoles aprobó el Parlament balear con el rechazo o la abstención de los partidos de la oposición, que alertan de que se trata de una decisión arbitraria por lo que se podrán dar o negar licencias en función de los gustos de quien haga el examen. El conseller de Medi Ambient, Miquel Mir, no lo ve así. Asegura que esta nueva normativa busca profundizar en la fiscalización del uso residencial en suelo rústico y determinar si las viviendas tienen o no afectación en el paisaje balear.
Durante el debate parlamentario de la ley, el conseller aseguró que hay una gran «preocupación social» por la urbanización del campo. Añadió que este proceso ha modificado la economía de las zonas agrarias, además de una «degradación» del paisaje. De ahí la obligación de este nuevo informe. Mir detalló que serán los consells quienes hagan este estudio y, si se determina que la propuesta del promotor no tiene encaje en el paisaje, deberá pasar por una estudio de impacto ambiental, algo de lo que hasta ahora estaban exonerados.
El conseller negó las acusaciones de arbitrariedad lanzadas por la oposición ya que los consells tendrán ahora seis meses de plazo para definir unas directrices que determinen si la vivienda cumple o no las exigencias paisajísticas. En cualquier caso, Mir se mostró convencido de que los consells ya tienen una norma en el plan territorial a la que ajustarse para cumplir lo que establece la ley. Lo que este miércoles aprobó el Parlament fue la ley de Régimen Jurídico en el Procedimiento de Actividades de Autorización Ambiental Integrada. Su objetivo es simplificar los trámites para este procedimiento de evaluación ambiental, pero los partidos alertaron de que realmente conseguirá lo contrario con medidas como la aprobación de este nuevo examen paisajístico.
«Supondrá más burocracia, más inseguridad jurídica y discrecionalidad», aseguró la diputada del PI, Maria Antònia Sureda. Javier Bonet, diputado del PP, coincidió en las críticas del PI y aseguró que deben buscar maneras para simplificar aún más la tramitación urbanística de estos proyectos, si bien incidió en que el redactado final provoca una gran «inseguridad jurídica». Para Més, la nueva ley servirá para aclarar dudas procedimentales y agilizar los procedimientos mientras que el PSIB destacó que la nueva normativa busca la protección del medio ambiente y reforzar la seguridad jurídica.
El apunte
¿Se puede limitar la venta de casas a los no residentes?
El Govern está dispuesto a abrir un debate «profundo» sobre la posibilidad de impedir la venta de casas a los no residente en las Islas, según defendió ayer el conseller de Model Econòmic, Iago Negueruela. La legislación europea no permite que se discrimine a los compradores por razón de nacimiento, pero el Parlament ha aprobado crear una comisión para estudiar qué posibilidades hay de imponer limitaciones a la venta.