Con una petición de cárcel de dos años encima de la mesa, el líder de La Resistencia Balear, Víctor Sánchez, contraataca. El promotor de las manifestaciones de hosteleros contra las restricciones COVID ha presentado en el Tribunal Superior de Justicia de Balears una denuncia contra el conseller de Trabajo, Iago Negueruela, por un posible delito de prevaricación. La denuncia se refiere a una reunión que tuvo lugar en enero de 2021 en la sede de la Conselleria. A la misma asistieron Sánchez, Negueruela, el presidente de PIMEN, Jordi Mora y otras dos personas.
De acuerdo con el relato que realiza el abogado de Sánchez, Miguel López Bortón, el conseller se habría dirigido a Sánchez para preguntarle por su deuda, unos 40.000 euros y después le preguntó al director del SEPE en Balears si podían arreglar esa situación. «A lo que le dijeron que sí, siempre y cuando dejara de sacar a la gente a la calle», algo que, según la denuncia, Sánchez entendió como un trato de favor que rechazó inmediatamente. Afirman que el acompañante de Sánchez en ese encuentro dispone de una grabación de lo ocurrido. La denuncia en todo momento alude al SEPE, servicio estatal de empleo. Sin embargo, asistentes a la reunión desmienten que este organismo acudiera. Sí lo hizo el SOIB, el servicio autonómico, una confusión presente en el escrito dirigido por Sánchez al tribunal.
La denuncia pide al TSJIB que tome declaración a Mora y otros dos asistentes a la reunión para acreditar lo sucedido y que se tome declaración también, en calidad de investigado, a Iago Negueruela y al director del SEPE. Uno de los asistentes a la reunión, Jordi Mora, desmiente totalmente esa versión. «No es como dice él. Sé lo que dijo y lo que dijo el conseller y no sucedió eso». Asegura que la reunión fue impulsada por su patronal en el contexto de cierre total de toda la restauración en uno de los momentos más duros de la pandemia.
Sánchez está pendiente de juicio por la manifestación que tuvo lugar unos días después de esta reunión. En ella, alrededor de 4.000 personas intentaron entrar en sedes de organismos oficiales y, según la Fiscalía se tiraron piedras y bengalas contra el Parlament. La acusación pública considera que Sánchez cometió un delito de desórdenes públicos por asumir las consecuencias de la convocatoria y no prever ningún tipo de medida de seguridad. También señala que incumplió las órdenes que le impedían llevar a cabo la protesta y que, más tarde, cuando el asunto derivó en incidentes, se desentendió y se marchó.