La Fiscalía reclama penas de cárcel por la manifestación contra las restricciones de la pandemia que, en enero de 2021, terminó con graves incidentes y el lanzamiento de piedras contra el Parlament. El Ministerio Público acusa a tres personas, a Víctor Sánchez Valle, líder de La Resistencia, como promotor de la protesta le responsabiliza de un delito de desórdenes públicos y solicita una condena de dos años de prisión. A otros dos acusados, Ismael Mansilla e Israel Sanandrés, les imputa protagonizar los incidentes violentos. Para el primero solicita la condena más grave por atentado y daños: cuatro años y medio de cárcel; para el segundo mantiene una petición de tres años y medio.
Según el relato de la acusación pública, Víctor Sánchez ignoró la prohibición de la Delegación del Gobierno para la protesta derivada de que, en ese momento, estaba declarado un nivel 4 de alarma sanitaria «que podía poner en riesgo muy alto la salud de los asistentes». Añade que Sánchez mantuvo la protesta contra el cierre de bares y restaurantes y asumió así «con su iniciativa las consecuencias de su decisión». Critica que el acusado no adoptara ninguna medida para «garantizar la buena marcha de la reunión» y que sabía que podían producirse episodios violentos «como así sucedió».
Cuando la concentración de más de 4.000 personas, muchas de ellas sin mascarilla ni medidas de seguridad, comenzó a descontrolarse con cortes de circulación e insultos, Sánchez se marchó. La Fiscalía afirma que se desentendió de lo que ocurría «y que había sido provocado por su decisión». Tras la marcha de Sánchez, según la acusación pública, la concentración se había convertido en una «manifestación descontrolada» y los asistentes llevaron a cabo «actos violentos»: corte de carriles, ataques a los furgones policiales y lanzamiento de objetos a los agentes que intentaban impedir que accedieran a edificios oficiales.
Tumulto
El Ministerio Público sostiene que Mansilla aprovechó el tumulto para acercarse a la sede del Parlament e intentó entrar, se encaró con los agentes y tiró una piedra con la que rompió una ventana, por lo que se le añade un delito de daños y se le reclama más condena que a los otros dos procesados. El tercer acusado, de acuerdo con la calificación provisional de la Fiscalía encendió una bengala y también está acusado de lanzar objetos a los policías nacionales que intervenían en la manifestación. Junto a las penas de prisión, la Fiscalía reclama que se indemnice con 600 euros al Parlament por la ventana rota. El caso aún está pendiente de terminar su tramitación en el juzgado de Instrucción y pasará a la Audiencia Provincial para ser juzgado en los próximos meses.
El apunte
Multas y sanciones a La Resistencia balear
La manifestación cumbre del grupo La Resistencia balear ha terminado para ellos con graves consecuencias económicas y ahora penales. La Delegación del Gobierno, que no había autorizado la manifestación, aplicó duras sanciones económicas por la protesta que superaban los 124.000 euros después de los primeros informes de la Policía Nacional. Víctor Sánchez ha afrontado otras sanciones económicas por la organización de esta protesta y de otras similares contra el cierre de establecimientos de hostelería que se mantuvo durante meses en las fases duras de la pandemia.