Las serias disputas internas del Colegio de Ingenieros Industriales llegan a juicio. El exdecano Alfredo Arias y dos antiguos miembros de la junta de la entidad se sentarán en el banquillo acusados de un delito de prevaricación por un colegiado. La Fiscalía no acusa. La acusación particular reclama una condena de nueve años de inhabilitación para empleo o cargo público contra los tres acusados, que son los tres miembros de la junta que votaron a favor de imponer al denunciante una sanción grave en el año 2019 que le impidió concurrir a un proceso electoral en el colegio ya que su candidatura fue anulada.
El juzgado de Instrucción ocupado de la causa dictó en dos ocasiones auto de sobreseimiento libre al no considerar los hechos constitutivos de delito alguno. En ambas ocasiones, la Audiencia Provincial ordenó reabrir el procedimiento y enviarlo a juicio. La resolución del tribunal provincial sí apreciaba indicios de delito. Recordaba que el expediente sancionador al querellante estaba plagado de irregularidades: no se le dio traslado de los cargos ni se le permitió defenderse en el procedimiento, además de plantear una sanción desproporcionada. «El conjunto de todas las infracciones, unido a la inmediata ejecución de la sanción y su comunicación pública, junto con la decisión de ocho días después de dejar sin efecto el acuerdo, podrían constituir indicios de una voluntad conocedora de la injusticia de la resolución», concluía la Audiencia.
Sanción
En concreto, los jueces consideraban indiciario que se hubiera anulado la sanción apenas una semana después de que fuera impuesta, lo que, sostienen, justificaría que se era consciente de la injusticia de la resolución inicial. En el banquillo solo se sentarán los tres miembros de la junta que votaron a favor, no los que se abstuvieron o votaron en contra, que no han sido acusados por el querellado. Además de la petición de la pena de inhabilitación, la acusación particular reclama también el pago de una indemnización de diez mil euros de forma conjunta.