La reducción de las redes familiares y la disminución de la capacidad de obtener y prestar ayuda en los entornos cercanos condicionará la estrategia de servicios sociales en los próximos años, según se recoge en el III Plan Estratégico de Servicios Sociales 2022-2025 que el Govern ha presentado este lunes a las entidades que forman parte del Consejo de Servicios Sociales. La presidenta del Govern, Francina Armengol, y la consellera de Asuntos Sociales y Deportes, Fina Santiago, se han reunido este lunes con representantes de los consells insulares, la Federación de Entidades Locales (Felib), el Ayuntamiento de Palma, colegios oficiales, sindicatos, patronales, Universitat de les Illes Balears (UIB) y entidades como Tercer Sector Social, Cáritas, Cruz Roja o EAPN, para presentar el plan y explicar las iniciativas en materia de servicios sociales contenidas en el paquete de 25 medidas para afrontar el escenario inflacionista.
Dentro del apartado demográfico del plan, se recogen los principales retos a los que se enfrentará la sociedad balear en los próximos años, como la reducción de la red familiar. Es decir, aumentan los núcleos monoparentales y las familias pequeñas, por lo que la red de apoyo natural que es la familia, cada vez tienen menos capacidad de ayuda o colaboración con otras personas. Esto afecta a personas mayores, jóvenes y niños. Ante este escenario, el plan propone, en su apartado de acciones a impulsar, el fortalecimiento de la comunidad, del tejido asociativo y el refuerzo de la intervención comunitaria y acción preventiva. Al mismo tiempo, el plan insta a impulsar el sistema de servicios sociales y su cogobernanza, ya que un sistema de servicios sociales fuerte permitirá disminuir los efectos negativos del contexto social y económico. El plan también apuesta por mejorar la calidad de las prestaciones, la personalización de la atención, así como la construcción y adaptación de los equipamientos como residencias, centros de día y centros de servicios sociales.
Dentro de su apartado sociodemográfico, el III Plan Estratégico de Servicios Sociales advierte del envejecimiento de la población, unido a la reducción de los núcleos familiares, así como del incremento de la vulnerabilidad económica. En esta línea, alerta de que a pesar de la oferta de puestos de trabajo en el mercado laboral, el acceso a un trabajo ya no garantiza la satisfacción de todas las necesidades básicas. En este sentido, la consellera Fina Santiago ha expresado la necesidad de que los Servicios Sociales «afronten el envejecimiento poblacional, la reducción de la red familiar que tendrá que ser sustituida por la red comunitaria y toda una serie de medidas de carácter económico para afrontar las situaciones de vulnerabilidad económica».
EXPLICACIÓN DEL ESCUDO SOCIAL
La reunión ha comenzado con la exposición de las medidas impulsadas por el Ejecutivo autonómico para afrontar el alza de precios durante el invierno y la incertidumbre económica. Según han recordado, la Conselleria de Asuntos Sociales y Deportes desarrollará algunas de las medidas que tendrán especial incidencia entre los colectivos vulnerables. De esta manera, se amplía un 15 por ciento el importe mensual de la renta social garantizada (Resoga) durante los primeros tres meses de 2023. A día de hoy, la Resoga beneficia a 3.866 familias. Al mismo tiempo, las 9.161 familias perceptoras del bono térmico recibirán dos pagos extraordinarios del importe habitual, que oscila entre los 82,92 y los 206,18 euros.
Por otra parte, la Conselleria eliminará el copago de los centros de día y de los servicios de ayuda a domicilio de noviembre a abril de 2023, lo que beneficiará a más de 2.900 familias. También se abonarán dos pagas extraordinarias para las personas que reciben la prestación económica de dependencia, una en diciembre de 2022 y otra en enero de 2023. Estas acciones repercutirán en la economía de aproximadamente 18.000 familias y la Conselleria de Asuntos Sociales destinará 9,2 millones de euros. Por su parte, las consellerias de Asuntos Sociales y la de Modelo Económico, Turismo y Trabajo han puesto en marcha una nueva ayuda de protección a los trabajadores demandantes de empleo, que cuentan con prestaciones y subsidios pero que siguen perdiendo poder adquisitivo. Así, las personas beneficiarias de una prestación contributiva de paro tendrán una ayuda económica de 300 euros y las que perciben subsidio de paro, de 600 euros. Esta medida beneficiará a 140.000 personas.