Varias agresiones sexuales en Mallorca nos obliga a recordar las claves de la Ley de Garantías de la Libertad Sexual, más conocida como la ley del 'solo sí es sí', que entrará en vigor el próximo 7 de octubre, y que condensa las reivindicaciones feministas y coloca el consentimiento en el centro de la violencia sexual. Estas son las claves de una ley esperada a la par que polémica.
Todo acto sin consentimiento será agresión sexual
La existencia de consentimiento es la que configura el delito y no la resistencia de la víctima a la fuerza (física o ambiental) del agresor. La idea que subyace en el texto es que el silencio no es un sí, si no hay una expresión clara de la voluntad, no hay consentimiento y la ausencia de voluntad o movimiento, no equivale a que sí lo haya.
En cuanto a las penas, la agresión sexual sin penetración pasa de entre 1 y 5 años de cárcel a entre 1 y 4, mientras que si hay penetración –aquí se mantiene el término violación– la horquilla pasa de entre 6 y 12 años a entre 4 y 12.
La sumisión química
Se introduce de forma específica como agravante, para aquellos casos en que el agresor hubiera utilizado sustancias o métodos para anular la voluntad de la víctima. Hasta ahora, cuando el agresor usa fármacos o drogas para anular la voluntad de la víctima, se considera abuso.
Violencia sexual
La ley considera violencia sexual los actos de naturaleza sexual no consentidos o que condicionen el libre desarrollo de la vida sexual: agresión sexual, acoso, violación, exhibicionismo, provocación sexual, explotación sexual, corrupción de menores, mutilación genital femenina, feminicidio sexual, matrimonio forzado, la trata con fines de explotación sexual y, en el ámbito digital, la difusión de actos de violencia sexual, la pornografía no consentida y la infantil y la extorsión sexual a través de medios tecnológicos.
Ayuda a las víctimas
Las víctimas de violencia sexual tendrán el mismo mecanismo de acceso que las víctimas de violencia de género: las que ganen menos del salario mínimo recibirán una ayuda económica equivalente a seis meses de subsidio por desempleo y serán de mayor cuantía si la víctima tiene una discapacidad o personas a su cargo. También tendrán también acceso prioritario al parque público de vivienda.
Menores
Se pondrán en marcha centros especializados para las víctimas menores de violencia sexual donde se les prestará una atención integral y donde se desplazan todos los profesionales (policiales, jurídicos, educativos, etc.) que intervienen en el caso, de forma que no se somete al menor al periplo que normalmente se ve obligado a atravesar. El objetivo es que sean lugares seguros y tranquilos para los más pequeños.
Educación sexual en todas las etapas educativas
Estará presente en todas las etapas del sistema público educativo y dará especial relevancia al ámbito digital como principal vía de prevención de comportamientos que atenten contra la libertad sexual. Además, las distintas Administraciones deberán poner en marcha campañas institucionales, muy especialmente centradas en combatir «los estereotipos de género y falsas creencias» sobre las víctimas.
Centros de crisis 24 horas
El Gobierno estima que para 2023 puedan estar abiertos. Serán al menos 50, uno por cada provincia —por el momento, solo existen dos, uno en Asturias y otro en Madrid—, contarán con atención psicológica, jurídica y social para víctimas, familiares y personas del entorno, y se podrá asistir tanto presencialmente como recibir atención telefónica y online.
Irregulares
Las mujeres en situación irregular no podrán ser deportadas, pero en este caso, deberán denunciar para que se paralice su expediente de expulsión. Una previsión que hasta ahora no existía.
El acoso callejero
El acoso sexual callejero será delito leve, perseguible previa denuncia de la persona perjudicada. Contempla tres opciones de penas: de cinco a 30 días de localización permanente, trabajos en beneficio de la comunidad durante el mismo periodo o multa de uno a cuatro meses.