Calvià es el municipio español con más denuncias por agresión sexual por habitante y no por casualidad. El profesor de la UIB Alejandro Nicolás Miquel Novajra, el comandante de la Guardia Civil Enrique Gómez Bastida y Montserrat Juan, del Instituto Europeo de Estudios en Prevención, analizaron ayer en la Universitat los vínculos entre turismo de excesos y delincuencia sexual, en el marco de las jornadas ‘La respuesta frente a los delitos contra la libertad e indemnidad sexuales', organizado por la Guardia Civil.
Miquel Novajra señala que ambos fenómenos están «muy vinculados» ya que, el turismo de excesos «crea condiciones de posibilidad» para que se produzcan ataques sexuales. El comandante desgranó en la sesión un estudio elaborado por la Guardia Civil sobre el contexto en el que se producen las agresiones después de analizar más de una treintena de casos, en especial en Magaluf, pero también en otros núcleos de turismo de excesos como Sant Antoni de Portmany, en Eivissa. Estudia cómo esas situaciones de riesgo se plasman, en la mayoría de los casos más tarde, en espacios privados como habitaciones de hoteles .
Las condiciones de libertad y de todo vale vinculadas al turismo de excesos son las que explican ese caldo de cultivo: «No es una causa explícita sino implícita. Puedo hacer lo que no podría hacer en mi país. Un turista que durante todo el año lidia con una situación personal, llega y durante una o dos semanas puede hacer lo que quiere», apunta Novajra, «es un problema de oferta». A esos ingredientes se suman otros como una creciente «cosificación de la mujer» a través de las redes sociales. Montserrat Juan apuntó como posibles medidas preventivas incrementar la formación ante situaciones de riesgo del personal de discotecas y otro tipo de establecimientos.
Sociedad turística
Otra de las cuestiones planteadas en la mesa redonda fue el motivo por el que este fenómeno es más intenso en Balears que en otras zonas. «Somos una sociedad turística», concluye Novajra, que también señala que las zonas más afectadas son de turismo de excesos pero cuyos visitantes son fundamentalmente de origen británico «con determinado discurso machista» asociado a su comportamiento.
En las sesiones de este miércoles también intervinieron Victoria Ferrer Pérez, catedrática de la UIB, para abordar políticas de prevención contra delitos contra la indemnidad sexual; el magistrado Antoni Rotger, quien abordó el castigo penal de estos delitos en vísperas de la entrada en vigor de la Ley orgánica de la garantía de la libertad sexual, que se comenzará a aplicar el siete de octubre, y el psicólogo Enrique Sánchez Navarrete.
El apunte
Una media de dos casos por cada guardia judicial
El magistrado Antoni Rotger, titular del Juzgado de Instrucción 8 de Palma, puso de manifiesto lo cotidiano de este tipo de delitos en los juzgados de las Islas. «El domingo pasado estuve de guardia y tuvimos cuatro o cinco casos. La media serían dos por guardia». El magistrado abordó la nueva tipificación de las agresiones sexuales y criticó que se haya legislado «en caliente» tras el caso de la Manada para una nueva legislación que considera que «tiene aspectos positivos» aunque no sea «tan de calado» como ha sido presentada.