Las peticiones que han presentado las instituciones para realizar proyectos pagados por la ecotasa superan de manera extraordinaria los 138,8 millones de euros de recaudación de este impuesto que prevé el Govern para el año que viene. El plazo para presentar las propuestas finalizó el pasado 31 de agosto y elEjecutivo está ahora en fase de cribado para determinar si las decenas de propuestas cumplen los objetivos marcados para el año que viene.
Hasta que no estén depuradas estas peticiones, el Govern no tiene previsto detallar la cantidad de propuestas presentadas y el montante total, pero desde el Ejecutivo admiten que la recaudación se queda corta ya que la suma de los proyectos excede de manera extraordinaria el presupuesto del año que viene.
El Govern deberá reunir a la Comissió de Turisme Sostenible, que es quien debe elegir los proyectos definitivos entre las propuestas presentadas. Será a finales de este mes o principios del que viene para que queden incorporados a los Presupuestos de la Comunitat.
Los nuevos objetivos
Lo que ya se sabe es que el Govern dará prioridad este año a los proyectos relacionadas con el acceso a la vivienda, así como al desarrollo de las energías limpias dentro del proceso de transición energética que pretende conseguir la descabornización total de las Islas.
Además de la vivienda, se dará prioridad a los proyectos relacionados con la economía azul sostenible, biodiversidad marina y ciencias del mar; biomedicina y ciencias de la salud; movilidad sostenible; economía circula y proyectos de I+D+I, especialmente vinculados con algunos de los sectores identificados en alguno de estos apartados.
Las prioridades marcadas por el Govern para el reparto del dinero de la ecotasa no han gustado nada a partidos como el PI. Su portavoz, Josep Melià, aseguró que el Govern incumple la ley de creación de este impuesto. «La ecotasa no nació para hacer viviendas sino para proteger el medio ambiente rural y marino. ¿Cómo puede ser que el Govern incumpla la ley?», se preguntó el diputado del PI. Lamentó que el impuesto se haya convertido en un «cajón de sastre» para tapar agujeros presupuestario del Ejecutivo de Francina Armengol.