La investigación sobre la Autoritat Portuària de Balears (APB) se extiende a más contratos. La magistrada instructora, Martina Mora, tiene abiertas ocho piezas separadas en total de las que, ahora mismo seis permanecen bajo secreto sumarial. Las únicas cuya instrucción está abierta ahora mismo son las que tienen que ver con la adjudicación del náutico de Eivissa y del puerto de Maó y pueden ser la punta del iceberg.
La causa avanza con lentitud a la espera de que la policía judicial de la Guardia Civil termine el análisis de la ingente cantidad de documentos, correos electrónicos y mensajes de móvil que se incautaron en el registro de la institución en el año 2020. El alcance real de la investigación se guarda con un sigilo pocas veces visto por parte de la magistrada y Anticorrupción. Además de las dos piezas por las que ya han sido interrogados los principales investigados, también se investiga un contrato en Formentera y la adjudicación del puerto del Molinar, que ha aparecido de forma tangencial en los interrogatorios a los imputados. Otra responde a un contrato del Port d'Alcúdia contra el que ya presentó un recurso contencioso el GOB. También se investiga una posible revelación de secretos que precipitó el registro en la APB y si el marido de la jefa de la Abogacía del Estado en Balears se benefició de contratos de consultoría de manera irregular.
La Memoria de la Fiscalía General del Estado recoge la existencia de esas ocho piezas diferentes y mantiene que se investiga si los funcionarios investigados se apartaron de sus funciones para beneficiar a determinadas empresas en una serie de contratos. También pone de manifiesto el posible pago de sobornos a estos imputados a cambio de esas gestiones o bien solo como atención a su cargo.
Dos años de investigación
La investigación del ‘caso Puertos' arrancó tras una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción en abril de 2020. En julio de ese año se produjo un registro en la sede de la APB y la detención de la cúpula del organismo con su entonces presidente, Joan Gual de Torrella al frente. Desde entonces el grueso de la investigación permanece bajo secreto.
La primera pieza de la que levantó el sumario abordaba la adjudicación de una serie de amarres en Maó y la segunda aborda si se benefició al Náutico de Eivissa. En ambos casos la magistrada investiga si se produjeron presiones políticas para beneficiar a las entidades que llevaban años trabajando en la zona en perjuicio de otras empresas que también se presentaron a los concursos. Las investigaciones se apoyan en las declaraciones de antiguos miembros del consejo de administración de la APB, en especial del representante de la Abogacía del Estado en el órgano, quien choca con su jefa en Balears, Dolores Ripoll.