Salvo que un acuerdo de último momento lo impida, esta mañana arrancará en la Audiencia el juicio del ‘caso Peaje', un auténtico fósil procesal de los años de mayor actividad de la Fiscalía Anticorrupción del que se ocupará un jurado popular. La investigación arrancó en el año 2009 ante las sospechas de que, en paralelo a las obras de desdoblamiento de la carretera, se habían llevado a cabo otras obras para favorecer a una serie de funcionarios. La calificación de la Fiscalía, que se redactó hace más de siete años, sostiene, además, que existe un sobrecoste millonario en el desdoblamiento y reclamaba penas que suman 154 años de cárcel para los trece acusados, entre otros, los ex altos cargos insulares de Carreteras Antoni Pascual, Gonzalo Aguiar y Francisco Orejudo, además de empresarios.
El enorme retraso de la causa, paralizada en parte por seguir un procedimiento de jurado y más tarde porque la Audiencia carecía de un espacio para celebrar el juicio, allana un posible acuerdo. Esas dilaciones asegurarían una enorme rebaja de pena a los acusados aún en el peor de los casos de que se celebrara el juicio. También hay dudas sobre el encaje de algunos de los delitos que implican más pena, como el de malversación.
Así, el principal escollo desde hace años para un acuerdo es económico. La Fiscalía y el Consell sostenían en sus calificaciones iniciales que la empresa concesionaria invirtió cerca de cuarenta millones menos en la construcción. Esa cifra está sustentada en el informe de un perito que ha sido recusado de cara al inicio del juicio por las defensas. Una investigación apunta a graves errores en su informe, al uso de datos manipulados y a que él mismo contrató a la empresa del entonces director general de Carreteras, Ernesto Santamaría, la misma persona que había comprometido al Consell a abonar los 200.000 euros que costó en origen la pericial. Esa recusación ha sido rechazada inicialmente por la magistrada que presidirá el juicio, aunque volverá a plantearse en las sesiones.
La discrepancia entre ese informe y los de la empresa constructora mantienen hasta ahora el caso sin acuerdo. Además, la concesionaria tiene abiertos otros cuatro procedimientos judiciales contra el Consell Insular de Mallorca.
El apunte
El estreno de la nueva sala de macrojuicios
El juicio estrenará la nueva sala para macrojuicios que se ha habilitado en los juzgados de sa Gerreria en la planta baja. Durante meses el juicio quedó en suspenso ante la imposibilidad de hacerlo en las dependencias de la Audiencia durante la pandemia por falta de espacio. Otra parte del retraso se explica por el intento de que los distintos peritos alcanzaran un acuerdo sobre el coste real de las obras, algo que resultó imposible.