El Consell de Mallorca ha puesto fin a su 'guerra judicial' con Mac Insular y, de este modo, evita la posibilidad de tener que indemnizar a la concesionaria de la gestión de residuos con 100 millones de euros de dinero público. Desde la institución insular han explicado que el Departamento de Sostenibilidad y Medio Ambiente, que lidera la vicepresidenta Aurora Ribot, ha presentado un expediente de interpretación y modificación del contrato con la concesionaria MAC Insular, que, previsiblemente, se aprobará en el próximo pleno ordinario del Consell de Mallorca, el jueves 28 de julio. «Este cambio permitirá al Consell iniciar una nueva etapa, con un mejor control sobre la concesionaria, con un contrato transparente y aplicable», han manifestado las citadas fuentes.
Ribot ha destacado que «con la propuesta conseguimos poner orden en el contrato. El objetivo de la interpretación y modificación es poner fin a doce años de conflictos judiciales para poder continuar ofreciendo el mejor servicio a la ciudadanía. Este cambio supondrá poder aprobar la tarifa con normalidad». A su modo de ver, «modificar el contrato permitirá al Consell de Mallorca poner fin a todos los contenciosos que la concesionaria había interpuesto. Su suma total podría alcanzar los 100 millones y suponer un grave problema para la solvencia de la institución insular», ha manifestado.
El conflicto con Mac Insular se remonta al año 2003, cuando se firmó un contrato en el que el Consell de Mallorca convertía a MAC Insular en la concesionaria para gestionar los residuos de construcción, demolición (RCD), voluminosos y neumáticos fuera de uso. «Aunque la actividad no empezó hasta 2006, ya se podía ver en aquellos primeros años que la aplicación que se hacía del contrato dejaba a la empresa en unas condiciones muy ventajosas y sin margen de maniobra para la institución. A partir de 2007, se empezaron a buscar vías para reformular la relación con MAC Insular», han argumentado desde el Consell de Mallorca.
En este punto, han recordado que durante la legislatura de 2011-2015, la consellera de Medio Ambiente propuso declarar la nulidad del contrato entre el Consell y la concesión, pero no se logró. El Consell Consultiu resolvió que la nulidad no era posible y que los problemas que presentaba el contrato debían abordarse por la vía de la interpretación del contrato. Sin embargo, no la llevaron adelante. A partir de la legislatura 2015-2019, se realizó una auditoría y consultoría económica profundas, con un valor cercano al medio millón de euros. Las conclusiones de la auditoría no llegaron hasta el primer año de la actual legislatura. A partir de aquí y siguiendo las recomendaciones del Consell Consultiu, se empieza a interpretar el contrato con MAC insular.