Tres de los cinco acusados de una estafa inmobiliaria en Can Picafort reconocieron este lunes en la Audiencia que, hace casi dos décadas, cometieron una estafa en la venta de una serie de apartamentos turísticos que no podían ser convertidos en viviendas habituales.
El juicio por la comercialización del antiguo apartahotel Espigol Beach en Can Picafort arrancó este lunes por unos hechos ocurridos en el año 2005 y que fueron denunciados por los afectados en los juzgados de Inca apenas tres años después. Tres de los acusados admiten su participación en la trama y asumirán penas que no implicarán su ingreso en prisión, además del pago de una indemnización a las víctimas. Otros dos encausados, administradores de la sociedad que adquirió en un primer momento el apartahotel descargaron cualquier responsabilidad en su padre y aseguraron que se limitaron a hacer lo que éste les indicaba. El padre se encontraba en ese momento en el extranjero y los acusados tenían poco más de veinte años cuando ocurrieron los hechos. La defensa de estos dos encausados reclama su absolución y niega cualquier participación directa en la comercialización de los apartamentos.
Lo que sí admiten es un papel como colaboradores de la trama, negaron en cualquier caso ser los receptores de los fondos. Uno de ello admitió que se reformaron las dependencias para hacer trasteros y apartamentos cuando ya se habían llevado a cabo las ventas.Un promotor inmobiliario admitió que sabían que carecían de cédula de habitabilidad o de contadores.
El complejo turístico tenía 28 apartamentos. No se podía cambiar su uso a residencial. Los acusados admiten que se comercializaron de manera ilegal como viviendas. Los nuevos propietarios se encontraron con que habían pagado cantidades que llegaban hasta los 173.000 euros en uno de los casos y no podían contratar siquiera la luz. Otra de las consecuencias es que estas viviendas no se pueden alquiler o vender.
Discusión
Las operaciones compraventa no se realizaron de manera directa sino tras un «galimatías» de transmisiones de la propiedad que dificultan aún más la trama y localizar dónde acabó el dinero que pagaron los afectados. Las víctimas de la estafa se han encontrado además con una serie de retrasos en todas las fases del procedimiento. Primero con una instrucción que se demoró casi doce años en el juzgado de Inca que tramitaba la denuncia inicial. Después, también la Audiencia ha demorado este proceso por un cambio de ponente unos meses la resolución del caso. El juicio sigue durante toda la semana para decidir la responsabilidad de los dos acusados que se defienden.