Discrepancias en los partidos del Pacte entierran por ahora la aprobación de un nuevo proyecto de ley de consumo. El texto se presentó a diversas entidades hace ya más de un año, pero no se ha vuelto a hablar de él porque Podemos yPSIB no están de acuerdo con la pretensión de Més de garantizar por ley que los consumidores sean atendidos en la lengua que escojan. El proyecto de ley debía haberse remitido al Parlament hace un año, pero no hay acuerdo entre la izquierda.Podemos, que controla la Direcció General de Consum, cree que esta obligación de que los comercios atiendan en la lengua oficial que escojan no debe aparecer en el proyecto de ley de consumo, sino que debería incluirse en la modificación de la ley de comercio. El PSIB está de acuerdo con Podemos. De trasfondo está la oposición de estos dos partidos a que el texto incluya un apartado relativo a los derechos lingüísticos de los consumidores mucho más ambicioso, como defiende Més. La propuesta incorporaba el derecho a que los consumidores sean atendidos, oralmente o por escrito, en cualquiera de las dos lenguas oficiales de la Comunitat.
El proyecto de ley incorporaba, además, que los consumidores podrán recibir en catalán las ofertas, los presupuestos, las facturas, el resto de información contractual o las instrucciones de uso, por ejemplo, pero «sin perjuicio del respeto al pleno derecho de disponibilidad lingüística». Es decir, respetando la jerarquía que la Constitución, recoge acerca de las dos lenguas: el deber de conocer y el derecho a usar el castellano y el derecho a usar –pero no el deber de conocer– el catalán, que es donde están las discrepancias entre los socios.
La intención de Més era ir más allá y recuperar las disposiciones que incluía la Ley de Comercio que se aprobó en el año 2001 cuando Francesc Antich era presidente del Govern. Esta norma fue derogada durante el mandato de José Ramón Bauzá. Los socios de Més argumentan que es más propio una modificación de la ley de comercio que incorporar estas medidas lingüísticas en la de consumidores. Plataforma per la Llengua lazó hace unos días una campaña para reclamar que esta ley sea más ambiciosa y cumpla las exigencias que plantea Més en relación a reconocer el derecho a que se atienda en catalán.
El apunte
La ley del paisaje, otra con dudas
Además de la ley de consumo, que está en el punto de mira por las discrepancias entre los socios del Pacte, otro proyecto de ley que tal vez no llegue a tramitarse es el del protección del paisaje. La directora general de Territori i Paisatge, Maria Magdalena Pons, ha firmado una memoria justificativa sobre la necesidad de aprobar este texto legal para incorporar la protección del paisaje de una manera transversal en toda la legislación urbanística de Balears y para desarrollar política de adaptación al cambio climático. La norma tal vez no salga adelante ya que no hay tiempo material para que se apruebe en el Parlament.