La Conselleria de Presidència abrió este viernes una consulta pública previa para modificar una de las primeras leyes que aprobó la mayoría de izquierdas en su primer Govern: la de Igualdad, de noviembre de 2016. Esta ley, que se anticipó a las de otras comunidades autónomas, y también a la estatal, establecía nuevas definiciones de violencia de género. Por ejemplo, incluía –entre otras– la económica, concretamente por el impago de pensiones. Ahora se pretenden ampliar las tipologías. Así, según la explicación desde la Conselleria que dirige Mercedes Garrido en la apertura del proceso de información publicado ayer, «Balears considera oportuno reconocer la prostitución como una forma de violencia, sexual, física o psíquica». Todo ello, en pleno debate sobre la prostitución.
Hay otras razones que han llevado al Ejecutivo a promover esta reforma. Por ejemplo, adaptarla al traspaso de competencias a los consells insulars, que no se había iniciado cuando se aprobó; adaptarse también a otras previsiones de la estatal; dedicar un apartado a la violencia vicaria (la que tiene como objetivo dañar a la mujer a través de sus hijas e hijos) y «a la experiencia de la pandemia», que ha puesto de relieve los efectos del teletrabajo, que no se traduce, a veces lo contrario, en conciliación de vida laboral y familiar.
El proceso de información pública (que permite a las asociaciones incluir propuestas) es previo a la redacción del texto que, elaborado por la Conselleria de Presidència y coordinado desde el Institut Balear de la Dona, se aprobará en un Consell de Govern para ser remitido al Parlament. Eso permite aventurar, confirman a este diario desde el Govern, que sería una de las últimas leyes que se aprobarían esta legislatura. La idea, por el significado político que eso supondría, es que se apruebe en el último pleno anterior al 8 de marzo de 2023, Día de la Mujer.