El Consell de Mallorca impuso en 2021 un total de 7 millones de euros en multas por obras urbanísticas ilegales en suelo rústico de la isla y ejecutó hasta 137 demoliciones. La cuantía de las multas se incrementa año tras año y van de 30.000 a 60.000 euros, y alguna de ellas hasta los 250.000 euros, mientras que la media de demoliciones superan las cien en cada ejercicio.
La consellera de Territori del Consell, María Antonia Garcías y el gerente de la Agència de Defensa del Territori, Tomeu Tugores, han presentado este viernes la memoria anual de este organismo correspondiente al ejercicio 2021, que aún está pendiente de aprobación por parte del pleno de la institución insular. La mayoría de las obras ilegales son pequeñas, caso de la construcción de porches, han explicado.
En la rueda de prensa que han ofrecido, Garcías y Tugores han querido dejar claro que las denuncias y sanciones no tienen un «afán recaudatorio» sino de protección del territorio y defensa de la legalidad urbanística.