Los más de ocho gigas del sumario de la pieza de Eivissa del ‘caso Puertos' se centran en un concepto: «el arraigo». Esa condición que la Autoritat Portuària (APB) impuso en la competencia de proyectos que debía decidir quién explotaba el Naútico de Eivissa fue la que provocó que el TSJIB anulara todo el procedimiento en una durísima sentencia. Tanto esa instancia como ahora la magistrada instructora consideran que se introdujo ese concepto para que solo pudiera ganar el Club Naútico de Eivissa, la entidad que llevaba setenta años al frente. Su concesión llevaba años caducada y la posibilidad de su marcha había provocado una dura reacción política: una proposición no de ley en el Congreso impulsada por diputados de Eivissa de PP y PSOE; otra del Parlament de Balears, por unanimidad, otro acuerdo del pleno del Ajuntament de Eivissa también en bloque. El secretario del consejo de administración de la APB, Jaume Ferrando, habló de «presión política» ante la jueza Martina Mora. Ahora mismo se investigan esas presiones sin ningún cargo público investigado formalmente.
La idea
En 2015 el Club Naútico de Eivissa inicia el proceso de concurrencia. Se presentan otras dos empresas. En enero de 2016 se incluye el ‘arraigo' en las bases. Las primeras versiones localizadas por la Guardia Civil no tienen ese concepto que, según una conversación telefónica, fue idea del presidente de la APB, Joan Gual, con el visto bueno de la jefa de la Abogacía del Estado en las Islas, Dolores Ripoll.
Nulidad y reacción
El asunto se complicó cuando en 2018 el TSJIB anuló la adjudicación. En un tenso consejo de administración se vuelve a valorar. Dos consejeros, el abogado del Estado, Enrique Braquehais, y el de Puertos del Estado, Javier Gesé, dimiten. El TSJIB suspende la adjudicación otra vez.
Pinchazos
En mayo de 2020 el vicepresidente de la APB, Miquel Puigserver, habla con Gual. La investigación penal ya había estallado, pero aún no lo saben: «La hemos cagado y ya está. Ya no se puede alargar más el plan este... entonces se verá nuestra intención, nuestra prevaricación». Gual también es consciente de la situación: «El que queda vulnerable penalmente soy yo».
«Un miserable gánster»
El principal blanco de las iras de la cúpula de la APB es Francisco Javier Jiménez de Cisneros, catedrático de Administrativo, abogado y la persona detrás de Doce Millas, la empresa que aspiraba a la concesión y que fue quien recurrió ante el TSJIB. «Es un gánster», le llaman. En varias conversaciones, Gual le acusa de un intento de extorsión al menos en dos ocasiones. Habla de que la exigió cuatro millones de euros para retirar el contencioso y permitir la adjudicación directa. La Guardia Civil considera verosímil este chantaje. En sus conclusiones considera muy llamativo que Doce Millas no volviera a presentarse en el concurso.
El Molinar
A pesar de la ingente documentación de la pieza, la jueza ha hecho una limpieza absoluta: ni rastro de otras piezas aún bajo secreto. Un detalle, en los pinchazos, la Guardia Civil destaca cualquier alusión al Molinar.