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La Palma del siglo XXI necesita que haya un nuevo PGOU

Gemma Marchena moderó a José Hila, Antonio Mérida, Guillermo Reynés y Joan Cerdá. | Jaume Morey

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Los ponentes de la mesa que abordó la nueva configuración de Palma coincidieron de lleno en una cuestión: es imprescindible aprobar un nuevo Plan General de la ciudad, aunque sea para introducir nuevas modificaciones. En esta mesa se encontraba el alcalde Palma, José Hila, quien reconoció que la vivienda es el gran problema que tiene la ciudad. «Es un problema sistémico porque la vivienda siempre ha sido cara en Palma», dijo. Consideró que parte de la solución puede estar en una nueva legislación que permita reducir el tamaño y hay que afrontar el debate de si se debe construir en altura. «El siguiente reto muy probablemente será si se densifican más los ya construidos» y lamentó que la enorme burocracia de informe ralentice la concesión de licencias.

El director general del Grupo Mercapital, Antonio Mérida, afirmó que, ante la escasez de pisos, hay que apostar por un crecimiento en vertical y que no se consuma más territorio. En su opinión, no hay que poner más suelo sobre la mesa, sino usar el que ya existe con nuevas herramientas. Destacó que las intervenciones en Nou Llevant han permitido ver lo positivo que resulta llegar a acuerdos entre las empresas y las administraciones.

Guillermo Reynés, director de Reynés Arquitectos, también defendió que debe incrementarse la densidad en Palma para consumir menos recursos y reclamó que se incentive a la iniciativa privada para que construya vivienda pública. «En Palma hay bastante suelo vacío, pero no se activa», dijo. El promotor de la ‘nueva Gomila' dijo que el proyecto ha permitido «hacer urbanismo desde la arquitectura».

Para Joan Cerdá, del Col·legi d'Arquitectes, Palma necesita ser una ciudad más compacta con vivienda más pequeñas y espacios comunes y algunos remontes en ciertas zonas. «El órdago principal es que se cree vivienda pública con el Ibavi y el Govern», dijo. Criticó la complejidad normativa, que genera una gran inseguridad jurídica y apostó por una movilidad sostenible.

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