«Han desaparecido quince años de mi vida». Una antigua sindicalista ha aceptado esta mañana su séptima condena en una década por distintos fraudes a la seguridad social, siempre con el mismo patrón. La acusada creaba cooperativas falsas sin ningún tipo de actividad real, según la Fiscalía y las empleaba para dar de alta a distintas personas que así podían acceder a subsidios por desempleo o autorizaciones de residencia, en caso de inmigrantes. En el juicio celebrado esta mañana, la principal acusada ha aceptado una condena de cárcel de tres meses que se sustituirá por una multa. Es la tónica de todas sus condenas previas. Junto a ella han aceptado también penas de multa otros cuatro acusados, beneficiados de los contratos.
En este caso, los falsos empleados se daban de alta en una cooperativa dedicada al transporte por carretera y que tenía sede en la calle Joan Bauzá de Palma. La responsable de la firma cobraba a cada uno de los empleados fantasmas doscientos o trescientos euros a cambio de los papeles. Todos los acusados, salvo una, han devuelto ya el dinero que recibieron de forma indebida y el Estado solo reclama unos 11.000 euros que una de ellas percibió como subsidio de desempleo. El resto de acusados se ha comprometido en el juicio a pagar la cantidad que queda.
La principal acusada fue detenida por primera vez en una operación que puso en marcha la Guardia Civil por unos hechos similares en el año 2009. A partir de ahí, el Ministerio de Trabajo presentó un informe que desvelaba hechos similares, que son los que han llegado hoy a juicio. Se le ha reconocido otro atenuante por parte de todas las acusaciones por el retraso del caso en llegar a juicio.